Por Marcelo Zlotogwiazda

La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas solicitó que el actual presidente del Banco Central, Martín Redrado, sea citado a declaración indagatoria en una causa en la que está imputado de malversación de caudales públicos y peculado en el cobro y desvío de fondos reservados durante su gestión al frente de la Comisión Nacional de Valores en épocas menemistas. El organismo público que conduce Manuel Garrido también pide que por el mismo caso se les tome declaración indagatoria al ex presidente Carlos Menem y a sus ministros Domingo Cavallo y Eduardo Bauzá.
La causa que ahora está a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral está caratulada “Pérez Redrado, Hernán Martín sobre malversación de caudales públicos” y lleva el número 3418 del año 2002. Nació a partir de una denuncia realizada por Adrián De Santis, quien fuera, además de íntimo amigo desde la infancia de Redrado, su secretario privado durante varios años. De Santis acusó a Redrado de haber recibido fondos reservados con los que cobró y repartió sobresueldos entre sus colaboradores y que también utilizó para gastos personales.
En la causa, que en su comienzo estuvo en manos de la jueza María Romilda Servini de Cubría, Redrado ya había sido calificado como imputado por la Oficina Anticorrupción y por el fiscal federal Federico Delgado. En la presentación que a comienzos de esta semana realizó la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas pidiendo la indagatoria, se retoma la mayoría de los elementos de aquellos escritos y se suman nuevas actuaciones.
En el documento de veinticinco carillas al que accedió Página/12 de fuentes judiciales, se señala que “queda claro que en el período existente entre el año 1991 y 1994 Hernán Martín Pérez Redrado, en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional de Valores, recibió mensualmente la suma aproximada de 46.000 pesos proveniente de las arcas del Estado Nacional, a las que dio un destino absolutamente discrecional”, y que “el origen de ese dinero eran fondos reservados”.
Según se explica, “la operatoria llevada a cabo para hacerse de la mencionada suma era la siguiente: generalmente su secretario privado, Adrián De Santis, o en muy pocas ocasiones el propio Redrado, retiraban dicha suma en un principio del Ministerio de Economía a cargo del Dr. Domingo Cavallo a través de su secretario privado de nombre Luis Murina, y más tarde, de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Eduardo Bauzá, a través de sus secretarios privados Leonardo Omar Duhalde y Atilio Lepre, este último ya fallecido”.
Si bien Redrado negó en un par de oportunidades todas las acusaciones de su secretario privado, en el expediente figuran varios testimonios que dan crédito a los dichos de De Santis. Tanto Pedro López, el ex vocero de prensa que Redrado tenía en la CNV, como su secretaria Marta Josefina Young y a la directora de Recursos de la CNV María Alejandra Ribet, declararon bajo juramento que cobraron sobresueldos con dinero procedente de fondos reservados.
Señala el escrito firmado por Manuel Garrido que “a criterio de esta Fiscalía estos testimonios, sumados al contexto que lo rodea, son una prueba contundente que demuestra que efectivamente Hernán Martín Pérez Redrado recibía grandes sumas mensuales de dinero (y que) la magnitud de los fondos que se movilizaban en este curso clandestino de la actividad estatal era muy importante, especialmente por el tiempo durante el cual se desarrolló la actividad y la dimensión de las cifras que se manejaron”.
Si bien no figura en la presentación, un cálculo estimativo arroja que el total de fondos reservados que habría recibido la CNV en tiempos de Redrado oscilaría los 2 millones de dólares.Además de las remuneraciones complementarias para él mismo y para sus colaboradores (De Santis, entre ellos), otra porción de ese dinero habría sido usado para gastos personales de Redrado. En el expediente figuran las planillas donde se llevaba la contabilidad de esos fondos, de las que surgiría que entre los gastos que se cubrían estaba el pago de un “fotógrafo que contrataban para sacarle fotos a Redrado, cuotas de hipotecas de un dúplex de su propiedad ubicado en la calle República de la India piso 6º y 7º ‘B’, gastos de refacción de ese inmueble, pagos de la cuota mensual del Jockey Club y regalos costosos”.
Al comienzo de la gestión de Redrado los fondos “se retiraban de una oficina del quinto piso del Ministerio de Economía y la suma indicada le era entregada a De Santis por una persona de confianza del entonces ministro Domingo Cavallo”, se describe en el escrito. Se agrega que “el dinero era entregado en efectivo, ya sea en un sobre o suelto y por su entrega firmaba en un cuaderno identificado con el nombre Comisión Nacional de Valores”.
Según consta en la causa, el procedimiento cambió “a raíz de una pelea entre Cavallo y Redrado ocurrida en 1992 o 1993”. A partir de entonces, se dice que los fondos reservados para la CNV “comenzaron a ser entregados por el Dr. Bauzá, secretario general de la Presidencia, a través de sus secretarios privados de nombres Atilio Lepre y Leonardo Duhalde”.
Para contextualizar la descripción y fortalecer los argumentos acusatorios, el escrito de la Fiscalía enumera casos similares que se ventilaron recientemente dada la coincidencia en el modus operandi (ver recuadro).
Otra de las novedades de la presentación es que la solicitud de indagatoria para Redrado la Fiscalía la hace extensiva a Cavallo, Bauzá y Menem. Los motivos son los siguientes, respectivamente:
- En cuanto a Cavallo y Bauzá se sostiene que quienes entregaban el dinero a los representantes de Redrado no lo podrían haber hecho “sin el consentimiento de sus superiores”, es decir ambos ministros.
- La misma lógica se le aplica a Menem, sobre la base de que “no existen dudas que ni Cavallo ni Bauzá podrían haber dispuesto de estas grandes sumas de dinero sino por quien en ese momento ostentaba la titularidad del Poder Ejecutivo”.
En cuanto al actual Poder Ejecutivo, hasta ahora consideró que la situación procesal de Redrado no constituía impedimento para que ocupara primero el puesto de vicecanciller y desde hace un mes la presidencia del Banco Central. Habrá que ver si la iniciativa de la Fiscalía los hace cambiar de parecer.