Desde que se desató la crisis actual en 1998, el Fondo Monetario Internacional aportó a la Argentina un promedio de 1600 millones de dólares anuales, apenas el 1,7 por ciento del gasto público. En los dos primeros años (‘98 y ‘99) el saldo del flujo de capitales fue negativo y durante el bienio 2000-2001 la tendencia se revirtió para financiar la fuga de capitales del sector privado. Estos magros desembolsos contrastan con la estructura de vencimientos para este año y el 2003, período en el que deberán realizarse pagos al organismo por 10.400 millones de dólares. La asimetría entre los aportes recibidos y obligaciones regeneradas muestra que colocar un acuerdo con el FMI en el centro del debate de la política económica sobredimensiona el papel que desempeñó el ahorro externo en los años recientes. En paralelo, los condicionantes de un potencial acuerdo producirán una retracción de recursos al sector público muy superior a cualquier flujo neto de capitales que pueda generar. Lejos de provocar reactivación, se producirá una nueva contracción de la demanda que profundizará aún más la recesión. Es decir, más pobreza, más indigencia y menos democracia. Estas son algunas de las conclusiones del reciente trabajo del Idep-CTA: “La democracia y el FMI: Entre la mentira y el crimen”.
El documento, que lleva la firma de los economistas Martín Hourest y Claudio Lozano, considera que la política de la administración de Eduardo Duhalde provocó hasta ahora tres impactos: un “récord” en la destrucción de empleos, el mantenimiento de la reducción nominal de salarios del fin de la convertibilidad y la caída del salario real por el rápido y descontrolado aumento de precios tras la devaluación. Las proyecciones tampoco son alentadoras. Adoptando el supuesto, más que benéfico, de que la inflación se mantendrá durante el año al mismo nivel del primer trimestre, se tiene que los precios al consumidor aumentarán durante el 2002 el 44 por ciento. En términos de salario real esto significa una caída del 30,6 por ciento de su poder adquisitivo.
Pero además de advertir los efectos recesivos de la persistencia en recetas ya transitadas, el trabajo de la CTA repasa la función cumplida por el FMI en la década pasada. Y dado que “la ayuda” del Fondo es presentada como la única alternativa para salir de la crisis, desagrega cual fue el aporte real del organismo durante el período. Según el informe, “si bien es cierto que (el Fondo) evidenció una inoperancia notable para prevenir las crisis, no es menos cierto que la aplicación draconiana de sus políticas con posterioridad al estallido social recondujeron a esas economías al circuito de pagos internacionales”. Más aún, en las distintas crisis nacionales –y la argentina no fue la excepción– “la intervención del FMI tuvo una intencionalidad muy clara: aportar financiamiento institucional a la fuga de capitales”.
Hourest y Lozano sostienen que durante los 90 el sector público se convirtió en el principal proveedor de ahorro externo de la economía cubriendo año a año los desequilibrios de la cuenta corriente del balance de pagos, al tiempo que aumentaban las reservas de dólares. El balance de divisas del sector privado, describen, muestra un permanente déficit: “Si se suma el déficit comercial y las transacciones financieras al exterior (por utilidades, regalías e intereses) el monto total resulta superior al financiamiento externo obtenido por el sector en el mismo período”. Quien cubrió la brecha, entonces, fue el sector público. Mientras el Estado generó un rojo en cuenta corriente de 21.111 millones de dólares (pago de intereses), ingresó 53.483 millones por la cuenta de capital (toma de deuda). Los 32 mil millones de excedente cubrieron el déficit privado e incrementaron las reservas en 20 mil millones. “Dicho más claramente el sector público se endeudó y financió el crédito y la fuga de capitales del sector privado que, a su vez, incrementaba sus compromisos con el exterior a una tasa que supera la del total de la deuda, y por supuesto, la delaumento del producto.” En paralelo, las cifras del endeudamiento público muestran una evolución simétrica a la fuga de capitales.
Otro dato revelador es que si se observa la contribución efectiva de la inversión extranjera durante la década se tiene que, sobre una tasa de inversión del 18 por ciento del PIB, la inversión del exterior está por debajo del 10 por ciento del total. En otras palabras, el 90 por ciento de la inversión se realizó con recursos domésticos, lo que significa que “el ahorro externo es marginal y de proyección negativa en lo que se refiere a la demanda de divisas” toda vez que el rubro de mayor significación y relevancia del sector es el giro de utilidades, regalías y deudas con proveedores del exterior.
Pero las tareas actuales del FMI van más allá que su aporte marginal a la inversión y el reciente financiamiento institucional a la fuga de capitales. En el caso de Argentina –que debe pagar al organismo 5600 millones de dólares durante el 2002, 4800 en el 2003 y 2800 en el 2004– la lucha del Fondo es contra el “efecto contagio”. El trabajo de la CTA precisa que no se trata del contagio entendido como la extensión de la crisis local a otros mercados emergentes (los títulos de la deuda argentina representan el 25 por ciento del total), sino del “impacto que una salida eventualmente heterodoxa de la crisis argentina tendría sobre otros países endeudados. Es el disciplinamiento salvaje el que quiere ser preservado para evitar el contagio de la impugnación al consenso de Washington que es enarbolado en esta instancia como el único camino posible”.