1209 pesos por habitante. Eso es lo que el año próximo invertirá en obras el Estado nacional en Santa Cruz. La cifra contrasta con los módicos 12 pesos que erogará en Chaco, los 16 pesos de Corrientes, los 26 pesos de Misiones o los 28 pesos de Tucumán, todas jurisdicciones con necesidades de infraestructura tanto o más acuciantes y que, para colmo, encabezan los ranking de desocupación. La segunda provincia que más dinero por habitante recibirá para obras públicas es La Pampa, con 171 pesos, mientras que en Buenos Aires la inversión del gobierno central será de 32 pesos. Pero el sesgo sureño en la política oficial no se reduce a la inversión, sino que se repite con otros gastos del Estado nacional.
Los datos surgen de las planillas anexas del proyecto de Presupuesto 2005, que la semana pasada consiguió media sanción en Diputados y que ya cuenta con despacho favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, con lo cual podría ser convertido en ley el jueves próximo.
La distribución territorial del Presupuesto es la forma de evaluar cuánto gasta el Estado nacional en cada una de las provincias. Para tal fin es necesario apelar a algún indicador que haga factible la comparación, dado los enormes desequilibrios (demográficos, geográficos, económicos y sociales) que existen entre las distintas jurisdicciones.
El indicador generalmente aceptado por los expertos es el gasto público por habitante. La ciudad de Buenos Aires es un caso especial, porque allí se concentra la casi totalidad de los pagos salariales y jubilatorios de la administración nacional y es sede de los tres poderes del Estado nacional. También es excepcional el caso de Tierra del Fuego, por los reintegros impositivos que percibe. Pero para el resto de las provincias la comparación es absolutamente válida.
Santa Cruz es la primera receptora de la inversión pública nacional por habitante, con una diferencia abrumadora en relación con provincias ávidas de obras de saneamiento y de puestos de trabajo, como Chaco, Corrientes, Tucumán, Jujuy o Catamarca.
En valores absolutos, los privilegios de Santa Cruz tampoco guardan relación con ningún parámetro objetivo. Por ejemplo:
- El gobierno nacional financiará en dicha provincia obras de infraestructura por 260 millones de pesos, más que en Córdoba (177 millones), Santa Fe (152 millones), o Mendoza (62 millones). Con recursos del gobierno nacional, sólo en Buenos Aires se construirá más: 453 millones de pesos.
- A la hora de trazar caminos y rutas, ninguna provincia –ni siquiera en Buenos Aires– se asfaltará tanto.
- Pese a su escasa población, el Estado nacional invertirá en viviendas 81 millones de pesos. Es un monto superior al que se destinará a Mendoza, y sólo es superado por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde la magnitud del déficit habitacional es incomparable.
“El problema es que el resto de las provincias no presentaron las carpetas con los proyectos de inversión”, se defendió días atrás el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, cuando lo consultaron por el pequeño “plan Marshall” para los pagos del Presidente.
Sin embargo, los privilegios no se limitan a la obra pública, sino que abarcan la totalidad del gasto público nacional, que incluye erogaciones en áreas sociales, subsidios y transferencias varias. Por santacruceño, el gobierno provincial recibe de la Rosada 3804 pesos, más del doble del promedio, y cuatro veces más que provincias tales como Misiones, Chaco y Corrientes.