El Panel de Inspección del Banco Mundial es a los pobres involucrados en los proyectos que financia la entidad algo así a lo que el Ciadi a los inversores. Pero mientras el tribunal arbitral juzga si los países respetaron los acuerdos que dan marco a la actividad empresaria, el Panel controla que el banco cumpla con sus propias normas y procedimientos, para evitar que los emprendimientos tengan un impacto adverso sobre las comunidades y el medio ambiente. Yacyretá estuvo bajo la lupa de ese núcleo de expertos independientes y de renombre, quienes alertaron en más de un reporte sobre distintas falencias ligadas a la construcción de la represa, siempre sospechada de corrupción. Lo hicieron después de que una ONG con sede en Paraguay solicitara su intervención. La jurista y académica norteamericana Edith Brown Weiss, responsable de aquel órgano, nexo entre el BM y sectores sociales sin capacidad de lobby, explicó en diálogo con Página/12 por qué no es competencia de este cuerpo analizar este aspecto vidrioso de las obras.
–¿El Panel puede focalizarse en el impacto social al margen de evaluar cómo actuó el Banco?
–El Panel se creó hace 11 años para permitir a las comunidades pobres tener voz. Para que si consideran que un proyecto financiado por el Banco Mundial los perjudica, tengan dónde ir a quejarse. Sólo nos ocupamos de investigar cuando hay un pedido expreso de intervención y podemos concluir que todo estuvo en forma pero, aun así, identificar perjuicios a la comunidad. Si la falencia es del Banco, éste debe resolver cómo rectificará el daño.
–¿Quiere decir que el Panel puede recomendar al Banco cómo reparar algún daño, aun cuando no se hayan violado procedimientos?
–El Panel es una comisión que determina hechos concretos y la propia gerencia del banco tiene que indicar en base a esos incumplimientos hallados qué medidas hay que tomar. La decisión, en definitiva, pasa por el directorio ejecutivo.
–¿Y qué pasa si el directorio desconoce recomendaciones del Panel?
–No son recomendaciones sino hallazgos sobre hechos objetivos. Pero siempre tiene que responder cómo subsanará lo que sea necesario corregir.
–¿Entonces la presión del Panel es política, pero no legal?
–También es legal. Y la presión es enorme. Sobre el criterio de independencia (el grupo es ajeno a la estructura del Banco), nosotros sentenciamos que no se cumplieron determinadas políticas. Y hasta ahora, siempre el directorio ejecutivo indicó luego acciones en consecuencia.
–En el caso de Yacyretá, hubo un informe desconocido por la conducción del Banco, al punto de que un vicepresidente hizo declaraciones públicas avalando el proyecto, después de que el Panel produjo un informe muy crítico.
–Sucede que hubo un primer trabajo informal de hace tres o cuatro años y una segunda instancia de investigación formal, finalizada en mayo de este año. Ahora sí todo el mundo parece estar tomándose las cosas más en serio.
–¿Qué cuestiones señala el informe?
–Por ejemplo, que no se creó ningún mecanismo independiente para que la gente haga llegar sus quejas y que muchos estaban en el limbo, esperando ser reubicados en zonas no inundables. También vimos que la represa operaba con una cota un metro superior a la prevista. Como contraposición, concluimos que no existía ninguna relación hidrológica entre Yacyretá y el desborde de arroyos urbanos, como presumía la gente.
–¿Y qué pasa si la Entidad Binacional Yacyretá no hace nada al respecto?
–Lo que va a suceder tiene que ser resuelto entre los países y el Banco. Nosotros ponemos los hechos sobre la mesa. Después, le toca el turno a otro.
–Uno de los trabajos del Panel aludía a los grandes cambios en la estimación de costos de la represa, que pasó de 3700 millones de dólares a 8.500. ¿No hay responsabilidad del Banco en cofinanciar un proyecto con errores de estimación tan groseros?
–La estimación de costos es competencia de los países, no del Banco.
–¿No es violatorio de las normas de un Banco seguir financiando un proyecto sospechado de corrupción?
–El Banco decide junto al país en cuestión cuándo se suspende un desembolso. En nuestro informe se menciona que cuando existe percepción de corrupción, es importante tener un monitoreo y supervisión estrechos. Pero el tema de las compras no está bajo la jurisdicción del Panel: las denuncias de corrupción por contrataciones no es competencia nuestra, ya que en el Banco existe otro órgano que se ocupa de eso.
–Si se concluye que un funcionario del Banco no cumplió con los reglamentos, ¿recibe alguna sanción?
–Nosotros nos centramos en el Banco como institución y si identificamos a un individuo con conducta impropia, de corrupción, derivamos el dato a un área específica del Banco que se ocupa de esos temas. Pero nos centramos en el comportamiento de la institución, no de los funcionarios. Analizamos grandes temas, como ver si la gente que tuvo que relocalizarse fue indemnizada como corresponde.
–¿Necesita el consentimiento de los gobiernos locales para investigar?
–No. Sólo del directorio ejecutivo, que actúa a través del mecanismo de no objeción: si no objeta nuestra propuesta de investigación, seguimos adelante. Y hasta ahora, no tuvimos objeciones.
–¿Quiere decir que si el directorio no consiente una investigación, el Panel no puede seguir trabajando?
–Es así. Pero hasta ahora pudimos seguir trabajando. Porque uno de los objetivos del Panel es crear reglas de juego parejas para todos los países: éstos tienen que saber que en todos los proyectos, el Banco cumple con sus procedimientos.
–No es fácil que los pobres afectados por los proyectos estén organizados y sepan cómo hacer un planteo. Estoy pensando en los desplazados por la inundación que origina una represa, o en los campesinos chinos...
–Es cierto y estamos tratando de hacer algo. Hicimos traducir a más de doce idiomas nuestros folletos. Yo fui invitada al Foro Social Mundial y ahora vine a la Argentina para celebrar los 25 años del Centro de Estudios Legales y Sociales. Todo sirve.
–¿Cree que el Panel es a la comunidad lo que el Ciadi a los inversores?
–El Ciadi es un mecanismo formal de resolución de disputas que emite sentencias ejecutables judicialmente. En este sentido, nosotros somos un organismo más informal, aunque tenemos un mandato más amplio, con temario extenso. Somos la voz de los pobres, que no tienen otra vía para hacerse escuchar. Quienes van al Ciadi tienen otros mecanismos a disposición.