Los ministros de Economía del G-20 –grupo que reúne a los veinte principales países industrializados y emergentes del mundo– establecieron en su reunión anual en Berlín un nuevo código de comportamiento de las naciones en default. El código se firmó sin el aval de la principal aludida, la Argentina, que no envió representantes y mantuvo durante el fin de semana un cruce de posturas con los organizadores del encuentro. En consonancia con las demandas de los bonistas que reclaman más concesiones de la Argentina, el G-20 reclamó un trato igualitario para todos los acreedores, mientras que en Buenos Aires la postura de Roberto Lavagna fue ratificar el carácter de acreedor privilegiado del FMI. Economía sostuvo, al mismo tiempo, que no se puede dar el mismo tratamiento a los pequeños bonistas que a los fondos buitres. En el cierre del encuentro, también le reclamó a Argentina “reforzar su sistema bancario”.
El G-20 fue creado como un espacio donde conciliar los intereses de los países industrializados con las economías emergentes. Además de las naciones del G-7 (EE.UU., Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Canada, Italia) lo integran Argentina, Australia, Brasil, China, México, Arabia Saudita, Corea del Sur, Sudáfrica, Turquía, India e Indonesia.
Cuando el viernes se confirmó que Buenos Aires no enviaría una delegación a la cumbre, el vocero de Economía Armando Torres dijo que la medida se debía a que el G-20 iba a modificar sus reglas de juego, ya que “el método de tomar las decisiones por consenso establecido en su creación ahora iba a ser cambiado”. La determinación de no concurrir dio lugar a cruces con el anfitrión del encuentro, el ministro alemán Hans Eichel, quien consideró que la Argentina se estaba “arrinconando”. Ayer, en la conferencia de prensa que cerró el foro, el funcionario volvió a la carga: “Esperamos que un número creciente de países aplique esos principios (los del acuerdo de ‘buen comportamiento’). Para ser francos, Argentina no lo hará, pero todos los demás los apoyan de forma clara”, sostuvo.
El código para los casos de default contempla, entre otros puntos, mejorar el acceso del sector privado a los datos sobre la deuda del país en crisis. Concretamente, establece que cuando un país se encuentra en situación de tener que renegociar su deuda los acreedores privados e inversores deben tener el mismo acceso que el FMI, el Club de París u otros organismos. Además pretende que se trate por igual a todos los acreedores.
Estos lineamientos, que fueron diseñados por el presidente del Banco Central Europeo Jean-Claude Trichet, habían sido rechazados por el G-7 en la reunión primaveral del Fondo Monetario Internacional.
Por su parte, Lavagna había sentado su postura en una columna de opinión para la agencia Reuters, en la que se mostró a favor de proteger a los pequeños bonistas y poner dificultades a los fondos buitres: “No es equitativo tratar de igual manera a inversores minoristas, no sofisticados, que a grandes inversores institucionales. (...) Es igualmente útil reconocer un tratamiento preferencial a los tenedores ‘originales’ de los créditos” y “dar un trato menos preferente a quienes hayan adquirido los créditos después de situaciones de default abierto”, dijo el ministro argentino el jueves pasado, horas antes de que se iniciara la cumbre del G-20.
El titular de Economía había ratificado en el texto “el carácter de acreedor privilegiado” del FMI y los organismos multilaterales. En cuanto al acceso a la información su posición coincidió en que “muchos informes que servirían para mejorar el análisis se mantienen reservados y no se publican, o son publicados con retrasos de casi un año. Esta ha sido nuestra posición en las reuniones del FMI donde se discutió el tema”.
El G-20 dedicó un segundo punto a la Argentina: el país “debe seguir reforzando su sector bancario y revisando su sistema fiscal para determinar si son necesarias más mejoras”, sostienen las conclusiones de la cumbre. Los ministros evaluaron que la economía mundial pasa por “una coyuntura macroeconómica favorable” con un “crecimiento elevado y tasas de inflación bajas”. Al hacer un análisis sobre lo que puede deparar el 2005 hablaron de la posibilidad de un crecimiento del 4 por ciento, aunque alertaron por los cimbronazos que puede provocar el precio del petróleo.
Entre las recomendaciones para los países industrializados apuntaron que Estados Unidos debe reducir su déficit, mientras que Europa y Japón tendrían que “continuar con las reformas estructurales”.
El secretario del Tesoro norteamericano, John Snow, adoptó un tono conciliador sobre la recomendación de bajar el déficit fiscal al sostener que la voluntad de su gobierno es reducirlo hasta el 3 por ciento del Producto Bruto Interno.
En cuanto a América latina, el G-20 pidió en general nuevos esfuerzos para alcanzar “una política presupuestaria sólida”. Luiz Inácio Lula da Silva recibió un llamado para consolidar “la estabilidad macroeconómica” en su país y México para aumentar la inversión social.
Durante la cumbre se allanó, finalmente, el acuerdo para reducir la deuda externa iraquí en un 80 por ciento. Irak tiene una deuda de 120.000 millones de dólares, más de un tercio de ella con el Club de París (ver más información en página 15). El monto de la quita se acerca al planteo de Estados Unidos y el Reino Unido que postulaban una reducción del 95 por ciento de la deuda.