Por David Cufré y Raúl Dellatorre

“Pretendemos que en los primeros meses de 2005 haya ajustes transitorios para los sectores regulados de electricidad y gas”, reveló el secretario de Energía, Daniel Cameron, a las 17.15 de ayer, durante su participación en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina. Una hora después, en el mismo evento, el jefe directo del funcionario, el ministro de Planificación, Julio De Vido, lo desmintió sin la menor cortesía: “No hay ningún ajuste de tarifas ni en estudio ni analizado, lo haya dicho quien lo haya dicho”. “Las tarifas son las que son –siguió– y no van a cambiar. Lo del aumento es absolutamente falso.” Ningún vocero de la cartera encargada de dictar las políticas para los sectores energéticos pudo explicar la situación, ni si Cameron fue más allá de lo que estaba autorizado a informar.
La pelea del Gobierno con las empresas eléctricas y gasíferas se remonta al mismo momento en que Néstor Kirchner asumió la Presidencia. En rigor, esas compañías reclamaron una suba de tarifas inmediatamente después de la devaluación, aduciendo que de otra manera sería difícil sostener el servicio y que podían llegar a producirse cortes de suministro. El gobierno de Eduardo Duhalde intentó satisfacer el reclamo generalizado de las privatizadas –no sólo de las compañias energéticas–, pero los aumentos concedidos fueron frenados por el Poder Judicial. La administración actual acordó ajustes para los productores de gas a principios de año, luego trasladados a las tarifas de transportistas y distribuidoras –que se aplican desde mayo–, pero sin afectar a los consumidores residenciales. El ajuste osciló entre el 15 y el 25 por ciento para usuarios industriales y centrales eléctricas térmicas (alimentadas a gas o fuel oil), pero sólo en una primera etapa, puesto que el esquema de actualización prevé nuevos aumentos en mayo y julio de 2005, correspondientes a los ajustes ya fijados por decreto para el precio del gas en boca de pozo, que pagan los compradores mayoristas.
En tanto, postergó el ajuste en el sector eléctrico, salvo por un aumento parcial en septiembre por aplicación de la tarifa estacional (traslado de mayor costo de generación en invierno). La excusa fue que, previamente, debía completar la postergada renegociación de contratos. Aquel cambio de tarifas se “repartió” con un impacto mínimo sobre los usuarios residenciales (un aumento del uno por ciento), pero más significativo sobre la pequeña y mediana industria (4 al 8 por ciento) y las demandas mayores (15 al 30 por ciento). El mismo se aplicó a partir del 1º de septiembre. En las negociaciones con el Gobierno, las generadoras eléctricas habían pedido –a través de Cammesa, órgano mixto que preside Cameron– un esquema de reajuste similar al aplicado en el sector gasífero. Hasta donde se sabía ayer, sin suerte. El fisco viene subsidiando al Fondo de Estabilización de Cammesa (administrador del mercado mayorista), que compensa a las generadoras mientras evita un cambio de tarifas. La operación le costó al Tesoro, hasta ahora, 700 millones de pesos, que pocos creen que pueda recuperar (debería mediar un ajuste demasiado significativo, económica y políticamente).
Cameron arrancó su discurso frente a los industriales haciendo un repaso de la situación en su área, que preocupa a los empresarios por la experiencia vivida este año con los cortes de gas. “El crecimiento del consumo energético está por encima de la evolución de otros indicadores de la economía”, apuntó. Luego dijo que “en los próximos 60 días podemos llegar a un acuerdo con los generadores eléctricos para incorporar entre 800 y 900 megavatios de potencia”. En materia de gas, adelantó que el Gobierno lanzará una “nueva normativa para la exportación de gas”, política que estará vinculada con los acuerdos de integración con Bolivia, por un lado, y a un replanteo de las relaciones contractuales desuministro a Chile, tratando de que uno no se vincule con otro. Los bolivianos han condicionado expresamente sus exportaciones a Argentina a que no se reexporte el fluido al país trasandino, con el que mantiene un añejo conflicto jurisdiccional.
El secretario siguió avanzando hasta que llegó a los temas más conflictivos. Primero dijo que “sabemos que con los sectores regulados (de la electricidad y el gas) tenemos demoras en la renegociación de los contratos”, y fue entonces cuando afirmó que “pretendemos que en los primeros meses de 2005 haya ajustes transitorios” de tarifas. De Vido recién en ese momento llegaba al hotel de Pilar adonde se celebra la conferencia, pero entró al salón para cerrar la jornada cuando el secretario había terminado. En su discurso no hizo ninguna mención al tema. Fue a la salida, en respuesta a la consulta de la prensa, cuando el ministro enfatizó que “no hay ningún ajuste de tarifas previsto”. Y cuando se le comentó que así lo había mencionado el propio Cameron, De Vido remarcó que no hay nada, “lo haya dicho quien lo haya dicho”.
No faltó quien recordara las palabras del presidente de la Nación de un par de semanas atrás: “Funcionario que le mienta al periodismo, se tendrá que ir”. Y se hacían apuestas con respecto a cuál de los dos le cabría el sayo.