Más allá del lado de la frontera que el ocasional observador ocupe, existen algunas cifras básicas que permiten comprender lo que los italianos bautizaron “Tango Bond”, el affaire a través del cual las entidades crediticias peninsulares transfirieron a sus clientes títulos de deuda argentina por más de 12.000 millones de dólares, el 80 por ciento de los alrededor de 15.000 millones de la deuda local que actualmente se encuentra en manos de tenedores italianos. La transferencia se produjo desde el grueso de las 462 entidades que actualmente integran la Task Force Argentina, cuna del Comité Global, el GCAB, hacia alrededor de 350 mil ahorristas. Comenzó a mediados de 1999 y se extendió hasta el mismísimo diciembre de 2001, cuando el estallido de la convertibilidad y el inmediato default terminaron con la ilusión financiera de papeles argentinos que pagaban tasas siderales.
La gigantesca transferencia de activos desde los bancos italianos a sus clientes pequeños y medianos, la mayoría muy lejos de poder ser descriptos como inversores especializados, se produjo incluso después del megacanje argentino de julio de 2001, cuando todos los bancos de inversión internacionales, incluidos algunos que habían participado del canje, como el JP Morgan Chase, describían en sus informes el elevado riesgo sistémico de la deuda argentina.
Visto en perspectiva, resulta evidente que los bancos peninsulares, más conscientes de esta realidad que sus desprevenidos ahorristas, no sólo colocaron la nueva deuda que la Argentina emitía a toda costa y a cualquier costo, sino que, realizando una correcta evaluación del riesgo crediticio, también se desprendieron de los papeles argentinos que tenían en cartera. La operación financiera de descargar de sus tenencias los papeles potencialmente incobrables habría sido perfectamente legítima si no fuese por la asimetría de información con quienes resultaron más perjudicados: sus clientes.
Aunque la derecha italiana representada por el gobierno de Silvio Berlusconi intenta que el foco del problema se ponga en las culpas argentinas antes que en los bancos de su país, los resonantes casos de las alimentarias Cirio y Parmalat, en los que los bancos italianos también fueron acusados de colocar entre sus clientes papeles basura de un conglomerado de empresas técnicamente quebradas, revelan lo que bien podría caracterizarse como un verdadero modus operandi del núcleo duro de la banca peninsular.
Más allá de la visión interesada de la realidad que intenta imponer el establishment financiero, con Berlusconi a la cabeza y Nicola Stock como principal vocero, en Italia no son pocas las voces que advirtieron la responsabilidad de sus bancos. Fuerzas en los antípodas por su orientación ideológica, como la conservadora y separatista Liga del Norte y los ex comunistas reagrupados en el Olivo, presentaron sendos proyectos legislativos, posteriormente unificados, que proponen la creación de un fideicomiso para que sean los propios bancos los que asuman las pérdidas por el default argentino. También señalaron la corresponsabilidad del Estado italiano por sus falencias en las tareas de control, pues organismos como su hoy puntillosa Comisión de Valores, Consob, no advirtieron la inmensa transferencia de activos que en desmedro de sus clientes operaron los bancos.
Por la composición social y el número de afectados, más de 350 mil, el Tango Bond constituye en Italia un verdadero problema social que explica el clima antiargentino explotado por algunas agrupaciones políticas, como Forza Italia, a fin de desviar la atención sobre la responsabilidad de los bancos. Sin embargo, en el Parlamento italiano también existe un proyecto para que la operación de transferencia de deuda sea investigada en su totalidad. Cada vez resulta más claro que el problema no se limita a la visión maniquea que presenta, por un lado, a bonistas codiciosos que apostaron a tasas altísimas y perdieron y, por otro, a un Estado dispendioso que abusó de los ahorros del resto del mundo y hoy se sienta sobre sus millones desdeñando a sus acreedores. Más allá de la responsabilidad que le cabe a cada uno, la trama es, cuanto menos, más compleja y los bandos, más que dos.
Allí está, para demostrarlo, el “representante” de acreedores Nicola Stock. El abanderado de los jubilados bonistas del Primer Mundo era él mismo un jubilado de la gerencia financiera del Banco de Roma cuando la Asociación Bancaria Italiana (ABI) lo sacó de su letargo. Gracias a la experiencia de Cirio y Parmalat, la ABI tuvo la claridad de advertir tempranamente que la cesación de pagos argentina podría convertirse en un problema para sus afiliados. La mirada furiosa de los bonistas podría volverse rápidamente sobre ellos. Para evitar el mal trago, convocó a Stock para que creara la Task Force Argentina, cuna del Comité Global de Acreedores. A través del emprendimiento que conduciría el ex ejecutivo del Banco de Roma, la ABI ofrecería a sus clientes, los mismos a los que les había transferido deuda en pre default por 12 mil millones de dólares en apenas un año y medio, el servicio de luchar por sus intereses frente al Estado argentino. En este contexto, que desde el mismo Estado italiano se trabaje, como sugiere la administración de Néstor Kirchner, para trabar la reestructuración de la deuda resulta, cuanto menos, irritante.