El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que extiende el impuesto a los Bienes Personales a los accionistas de empresas radicadas en el país que tienen su residencia en el extranjero. La propuesta, que había sido presentada por el senador radical Carlos Maestro cuando aún era diputado, recibió rápida sanción en virtud de que contaba con el apoyo de todas las bancadas, y también es avalada por el Poder Ejecutivo.
En los fundamentos del proyecto, se sostiene que “se buscan eliminar prácticas abusivas, porque la mayoría de los que deberían tributar Bienes Personales no lo hacen o lo hacen por montos ridículos. Existe un trato desigual entre accionistas residentes en el país y en el exterior”.
La modificación en el llamado impuesto a la riqueza aportaría entre 600 y 700 millones de pesos anuales a la masa tributaria. Actualmente, el 70 por ciento de las 200 principales empresas radicadas en el país está en manos de accionistas que fijaron su residencia en el exterior, con lo cual estaban librados del pago del gravamen. La ley establece que las empresas están obligadas a retener el impuesto a sus propios accionistas. El otro punto destacado de la norma es la unificación en 0,5 por ciento de la alícuota del gravamen, desde el 0,75 por ciento anterior.