Pocas veces un escrito académico deja a su lector tan perplejo como el que el economista Nicolás Garcette, de la Universidad de Evry, París, decidió titular Delitos contra la propiedad como un arma para la redistribución: el caso argentino. Desde el encabezamiento, por tanto, se sugiere que el auge de cierta delincuencia se vincula en la Argentina con la desigualdad en el reparto del ingreso. Como tal, la idea no es precisamente original, aunque Garcette intenta su demostración econométrica, como para conferirle soporte científico. La matemática debe acudir en auxilio del sentido común, por decirlo de alguna forma. Hay que añadir, como dato pintoresco, que Garcette expuso recientemente su trabajo ante la Ucema, o Universidad del CEMA, en el ciclo de conferencias, y que sus conclusiones establecen una clara correlación entre el aumento de los delitos contra la propiedad y los resultados de la política económica aplicada durante el menemismo. Como es sabido, si bien la primera usina de ideas en los ‘90 para el gobierno fue la Fundación Mediterránea, con Domingo Cavallo como líder, el CEMA jugó un papel cada vez más relevante, a través de Roque Fernández y otros.
Garcette señala en sus conclusiones que al comprobar en la Argentina de los ‘90 el aumento paralelo en los delitos contra la propiedad y en la desigualdad (o pobreza relativa; vale decir, cuánto tienen los pobres en relación a cuánto poseen los ricos), siente que esa realidad nos está contando una historia tipo robin-hood, “en la que cada vez más gente entre los más pobres ha intentado a lo largo de la última década, y más específicamente durante la última crisis, extraer ilegalmente una creciente proporción de la fortuna de los más ricos”. Algo así como que aquello imposible de obtener por derecha, provocaba el impulso de conseguirlo por izquierda, y que esta reacción se acentuó con la crisis final de la convertibilidad.
Más abajo insiste: “Los delitos contra la propiedad se habrían convertido en la Argentina durante la última década en un arma redistributiva para los más pobres”. Pero luego sorprende con esta consideración: “Queda por evaluar –escribe– si esta arma redistributiva es más cara o más barata para las clases media y alta que los tradicionales mecanismos legales de redistribución”. Lo que parece estar preguntando, en otros términos, es si a las clases adineradas les convendría o no, en términos de una cruda comparación de costos, favorecer o al menos no trabar los mecanismos que en otras economías aseguran un mejor reparto del ingreso nacional.
Garcette puede estar aludiendo, de ese modo, tanto al régimen tributario, con exagerado peso en los impuestos indirectos, como a la evasión fiscal, especialmente en los gravámenes a la renta (Ganancias) como a la propiedad (Bienes Personales, Inmobiliario). Hay una vieja y conocida teoría, según la cual los impuestos a la propiedad y a la renta equivalen a “sobornos” que las clases altas pagan a las bajas, a través del Estado, para que éstas acepten el sistema. La Argentina constituiría uno de esos casos en que las clases altas muestran gran resistencia a pagar ese soborno y, a su vez, el Estado cumple de peor forma su tarea redistribuidora. Esto, sin embargo, y en el contexto del trabajo de Garcette, fomentaría respuestas delictivas, que en definitiva no jaquean al sistema, en lugar de movimientos revolucionarios. Es un hecho, al menos, que en el país abundan mucho más los delitos contra la propiedad que los votantes de partidos de izquierda.