El Senado aprobó ayer un pedido de revisión global de los Tratados de Promoción de Inversiones firmados por el país entre 1992 y 2001 con distintas naciones, que dieron pie a las demandas iniciadas por los concesionarios de servicios privatizados contra la Nación ante tribunales internacionales, después de la pesificación de tarifas. “Hay que insistir en la facultad que tiene el país de denunciar estos tratados en casos de irracionalidad, arbitrariedad o de cláusulas contrarias al orden público”, manifestó Marcelo Guinle, senador radical y vicepresidente de la cámara, impulsor del proyecto de comunicación. “El Ciadi (tribunal arbitral bajo jurisdicción del Banco Mundial) se ha convertido prácticamente en una liga de rematadores, donde los que hoy son árbitros ayer fueron representantes de los que abrieron demandas contra la Nación”, sostuvo el legislador por Chubut al ser consultado por Página/12.
Argentina afronta más de dos docenas de demandas de otras tantas empresas o grupos inversores ante el Ciadi, por una suma total superior a los 15 mil millones de dólares. En su mayoría, se trata de pedidos de resarcimiento por el congelamiento de tarifas a partir de 2002, cuando estalló la convertibilidad y se declaró la emergencia económica. En algunos casos son las propias empresas prestatarias las que presentaron la demanda; en otros son simplemente grupos accionistas, muchas veces minoritarios. La norma por la cual cualquier inversor podía solicitar la condición de “nación más favorecida” habilita a que cada demandante reclame la cláusula en particular que más le convenga de cualquier tratado. “Era como habilitarlos a que se hicieran los tratados a medida”, tradujo el senador Guinle.
El proyecto de revisión de los tratados fue apoyado por justicialistas, radicales, socialistas, Frente Grande y partidos provinciales. “El pronunciamiento del Senado trata de fortalecer la línea de defensa de la Nación”, aseguró Guinle. “Hay 57 tratados firmados con distintas naciones; dos no se pusieron en vigencia (con Nueva Zelanda y Grecia). Con el resto, hay que ir estudiando dónde corresponde denunciarlos, ya sea porque van contra los intereses de la Nación o porque son cláusulas irracionales o arbitrarias, y dónde se puede plantear suscribir un protocolo que los modifique”, propuso el senador.
“Hay que insistir en la facultad que tiene el país para cuestionarlos: no se puede renunciar a la apelación”, sostuvo el legislador radical, quien remarcó que “hoy, en el Ciadi, los técnicos que asesoran al país, los que apoyan a nuestros representantes son los mismos que vienen predicando por un cumplimiento a rajatablas de los tratados; el país tiene que defenderse, necesitamos una estrategia que apuntale la defensa del interés nacional”.