Las asociaciones de consumidores italianas, que se arrogaban la representación del grueso de los 400 mil ahorristas afectados por el default argentino y realizaron ayer una movilización frente al Parlamento en Roma, vivieron un serio revés. A pesar de la difusión en la prensa y por Internet, sólo lograron juntar a menos de 200 personas, con lo que cada vez resulta más evidente que los supuestos “representantes” de los bonistas, si existen, no son respaldados en los hechos.
El recorrido por las páginas web de estas asociaciones muestra que en muchos casos se trata de sellos bajo los cuales existen una variada gama de estudios jurídicos. Un caso paradigmático es la Adusbef, la Asociación de Defensa de los Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros, representada en la Argentina por el abogado Tullio Zembo, y en Nueva York por el abogado argentino Guillermo Gleizer, con fugaz aparición en la prensa como representante de acreedores. La apuesta de estas asociaciones es que los ahorristas no acepten la propuesta de reestructuración y opten por la vía judicial, donde se encuentra su negocio. Sin embargo, como mostraron las efectistas movidas judiciales realizadas en Estados Unidos y Europa, aun con fallos favorables las sentencias resultaron imposibles de ejecutar.
La oposición parlamentaria a Silvio Berlusconi les dio las cartas que necesitaban para seguir en la mesa. Los analistas italianos habían demostrado la corresponsabilidad de los bancos peninsulares en la colocación de la deuda argentina e incluso en la transferencia a sus clientes de esos títulos que tenían en cartera. Esto dio lugar a proyectos de ley para resarcir a los ahorristas. Por eso, las asociaciones comenzaron a hablar de “doble estafa”: del gobierno argentino y de los bancos italianos. La fallida sentada organizada ayer perseguía tanto el rechazo de la propuesta, como presionar al Parlamento para que vote las citadas leyes. Pero a diferencia de la oposición parlamentaria, la propuesta de las “representantes de los consumidores” no es política, sino dirigida a alimentar la industria del juicio. El mensaje es que los ahorristas no deben aceptar el canje, sino iniciar un juicio a los bancos italianos y, después, al gobierno argentino. Incluso algunas de ellas hablan de la corresponsabilidad del propio gobierno italiano, por no haberlos protegido, y hasta del FMI, por haberse arrogado el rol de acreedor privilegiado.
En este punto resulta interesante la encuesta realizada en Italia sobre el perfil del “bonista italiano”: El 66,5 son hombres, el 70 por ciento tienen más de 60 años, el 91 por ciento ignoraba, antes de adquirirlos, la existencia de los bonos argentinos y el 87,7 por ciento compró los papeles aconsejado por su banco. Por último, el 37,3 por ciento invirtió en los títulos argentinos de altísimo riesgo todos sus ahorros. La encuesta resulta reveladora no sólo porque afirma que la deuda se colocó entre ahorristas no especializados, sino porque devela que en la gran mayoría de los casos se trató de inversores desinformados. Hoy, estos mismos inversores son bombardeados por los medios italianos por un abundante grupo de lobbistas para que no entren al canje. Lo notable es que los dardos contra el gobierno argentino provienen también del italiano y del representante de la banca de ese país, Nicola Stock. La jugada es delicada, con intereses contrapuestos y cruzados, pero con el mismo potencial damnificado: el ahorrista italiano que puede volver a ser inducido a error.