La relación entre el Gobierno y Aguas Argentinas está en el mismo punto que hace un año: cerca de la ruptura. Ambas partes se muestran inflexibles en la negociación de un nuevo contrato, y desde la Casa Rosada dejan trascender que en cuestión de días se anulará la concesión. La versión sería más creíble de no existir el antecedente de enero de 2004, cuando el propio Néstor Kirchner agitó en público y en privado la amenaza de la rescisión. Aquella vez la crisis se resolvió con un acuerdo transitorio, que supuestamente convenía a todos. Pero la tregua venció el 31 de diciembre pasado y las peleas irresueltas salieron a escena todas juntas. El Presidente intentará destrabar el tema pasado mañana en París. Ese día tendrá una cumbre con Jacques Chirac, quien defiende los intereses de Suez, empresa francesa controlante de Aguas.
El Gobierno pretende cambiar aspectos centrales del viejo contrato con la compañía. Ese convenio cayó con la devaluación y la ley de Emergencia Económica dio marco para negociar uno nuevo. Los graves y repetidos incumplimientos de la empresa le permitirían al Poder Ejecutivo quitarle la concesión, como hizo con los operadores del correo, del ferrocarril San Martín y del espacio radioeléctrico. Sin embargo, la estrategia oficial no es ésa sino modificar las condiciones de explotación del servicio, dejando a Aguas como operadora.
La compañía rechaza ese esquema porque le achica el campo de negocios. Además, pretende asegurarse un nivel de rentabilidad muy superior al que está dispuesto a concederle el Gobierno. En la pulseada de estos días, cada parte juega sus cartas. La empresa se respalda en sus poderosos aliados: el gobierno francés, el FMI y el Banco Mundial. Este último organismo es accionista de Aguas a través de la Corporación Financiera Internacional, su brazo para operar con el sector privado. La CFI tiene el 5 por ciento de la empresa y, simultáneamente, es su principal acreedor.
El Gobierno sostiene que no es fácil soportar la presión externa. De allí que existan dudas y opiniones divididas respecto de la conveniencia de derogar el contrato. En lo que hay consenso dentro del Ejecutivo es en modificarlo. Para forzar a la empresa a aceptar los cambios, en los últimos días se lanzaron varias señales de presión. Una de ellas es la multa por 2 millones de pesos que el ente de control (el Etoss) le impuso a Aguas por sus cortes de suministro de fines de diciembre y principios de enero, y la intimación a saldar 60 millones de pesos de penalizaciones pendientes de pago. La compañía tiene diez días, contando desde ayer, para cumplir con esa última exigencia, tras su publicación en el Boletín Oficial.
Otro aspecto que juega a favor del Gobierno es el juicio millonario que Aguas estaría cerca de perder. Se trata de dos acciones entabladas por un grupo de asociaciones de consumidores. Una de ellas es porque la empresa no habría cumplido desde 1995 a la fecha con la obligación de sostener una determinada presión de agua. La Cámara Civil y Comercial Federal ratificó a principios de diciembre un fallo de primera instancia que impuso una multa a la empresa de 5 pesos por usuario hasta tanto cumpla con lo que debe. El Etoss estimó que hay cerca de un millón de usuarios favorecidos por el fallo, básicamente del sur del conurbano. Como la orden judicial tiene efectos retroactivos, la deuda de Aguas sería nada menos que de 400 millones de pesos.
El segundo juicio es todavía más peligroso para la concesionaria. Se la acusó de no haber instalado medidores de agua a usuarios industriales y comerciales que, de haber contado con ese sistema, habrían pagado facturas muy inferiores. Un fallo adverso le podría costar unos 900 millones de pesos.
La empresa tiene una forma de esquivar semejantes sanciones: lograr un acuerdo con el Gobierno y con las asociaciones de consumidores para que desistan de los juicios. La Uniren, el organismo oficial que renegocia los contratos con las privatizadas, está dispuesto a hacerlo. Pero, a cambio, reclama que la compañía reduzca sus pretensiones de rentabilidad para los años que restan de concesión. Además, le exige que retire la demanda contra el Estado argentino que inició ante un tribunal internacional (el Ciadi, que tiene al Banco Mundial como uno de los jueces). El tercer requisito que pretende imponer la Uniren es que Aguas se limite a la operación del servicio, mientras que las inversiones serían administradas por el Gobierno.
Hay un detalle no menor para que el acuerdo propuesto por la Uniren pueda aplicarse: que las asociaciones de consumidores que demandaron a Aguas renuncien a los juicios. El Gobierno está tratando de convencerlas. La empresa, a su vez, rechaza esa alternativa de negociación y busca ganar la pelea con el apoyo del gobierno francés y de los organismos de crédito.