El Gobierno dejó de lado la idea de derogar el contrato con Aguas Argentinas y avanza en su nuevo plan de formar una empresa mixta. El titular del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss), Alejandro Labado, destacó que constituir una compañía de esas características “le permitiría al Estado resolver el conflicto de cómo y quién controla la política de inversión”. Se trata del primer funcionario que defiende abiertamente esa posibilidad. También reconoció que “para que la concesión esté a la altura de lo que imaginó la privatización de la década del 90 tendría que haber una inversión de 800 a 900 millones de pesos”.
Aguas Argentinas todavía no se pronunció oficialmente sobre si aceptará la propuesta de armar una empresa mixta, pero señaló que “está abierta a estudiar todas las alternativas”. Desde el Gobierno aseguran que la compañía no tiene espacio para negarse, porque en ese caso corre el riesgo de quedarse sin nada.
La vía de negociación que encaró el Poder Ejecutivo no fue bien recibida por la mayoría de las asociaciones de consumidores. El presidente de una de ellas, Héctor Polino, quien además es diputado nacional, consideró que “si el Estado aporta parte de las inversiones que debió haber hecho la empresa, lo que está haciendo es otorgar un aumento de tarifas encubierto”. En esa línea de razonamiento, el legislador se quejó porque “en lugar de que los usuarios financien las obras con el aumento de tarifas, lo harán todos los habitantes del país a través de los impuestos”. Luego dijo que se está eximiendo a la concesionaria de hacer las inversiones comprometidas y concluyó que “la solución ideada por el Estado es la peor de todas”.
Una de las exigencias del Gobierno para llegar a un acuerdo con Aguas es que renuncie al juicio que inició contra el país ante un tribunal internacional (el Ciadi). La empresa reclama 600 millones de dólares por el supuesto incumplimiento de contrato que significó la devaluación y la pesificación de la tarifa. En la Casa Rosada afirman que la compañía debería prestar atención a sus propios incumplimientos de contrato.
El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, participa desde ayer de un seminario sobre tribunales arbitrales. El funcionario señaló que “en las demandas por las consecuencias de la crisis de 2001, Argentina no violó el Tratado de Protección de Inversiones”. De acuerdo con la visión del Gobierno, “no hubo expropiación de activos ni discriminación, porque las medidas económicas afectaron a todos por igual y, aun después de la crisis, las empresas siguieron actuando y liquidando dividendos”.
Respecto del futuro de la concesión, Labado señaló que harían falta inversiones por 800 o 900 millones de pesos, pero admitió que posiblemente se comenzará “con una inversión anual de 250 a 300 millones”, lo que “no resuelve” los problemas de fondo. El Gobierno haría un aporte de capital de 150 a 200 millones y capitalizaría esa inversión. Labado consideró que “el Gobierno debería poner dinero para sacar adelante la compañía. Si no, sería un error político gravísimo”, concluyó. En el Etoss aclararon que la opinión de Labado no expresa la de todo el organismo, cuya función es controlar que se aplique el contrato vigente.