Mientras el presidente Néstor Kirchner reclamaba ayer en La Matanza a las empresas privatizadas retirar las demandas ante el Ciadi “que agravian al pueblo argentino”, el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, comandaba en Washington al grupo de defensores estatales que intentan deshacerse de uno de esos millonarios juicios presentados ante aquel tribunal arbitral del Banco Mundial. Esta semana los abogados públicos discuten en Estados Unidos la exigencia indemnizatoria de varios cientos de millones de dólares que presentó la norteamericana LG&E, accionista de tres distribuidoras gasíferas que, a semejanza de otras empresas que se consideran desairadas por la devaluación, le imputa al Estado argentino haberle expropiado parte de sus activos. Para el otoño la cita es en Miami, donde otro tribunal seguirá analizando la reparación que pretende la alemana Siemens, ex aspirante a imprimir los DNI, aún más sustanciosa que aquélla.
LG&E es accionista de las distribuidoras Gas Natural Ban, Cuyana y Centro y junto a la norteamericana CMS (socia de TGN), fue una de las primeras en reclamar un arbitraje ante el organismo bancomundialista para ser compensada por la pesificación y congelamiento de tarifas. Lo hizo invocando uno de los más de cincuenta tratados de inversión que Argentina firmó en la década pasada con otros países para ofrecer seductoras garantías a sus capitales. Entre ellas, el de poder acudir a tribunales extranjeros para resolver cualquier controversia.
Los planteos de la empresa energética no difieren sustancialmente de los que formularon otros accionistas de privatizadas. Bajo el paraguas del tratado firmado con su país, la empresa acusa al Estado argentino de “expropiación”, por la pérdida en dólares que sufrieron sus activos tras la salida de la convertibilidad. También le imputa “arbitrariedad” y haberle negado un trato “justo y equitativo”, impidiéndole recomponer sus ingresos con los ajustes tarifarios previstos en los contratos.
Según consigna un texto oficial de la Procuración, la demandante exige un pago de 268 millones de dólares por la expropiación, a los que se añadirían otros 248 millones por “sus otros reclamos”. Guglielmino será quien refutará el conjunto de pretensiones empresarias el sábado en su alegato final. Pero hoy le corresponderá al técnico Fabián Bello demostrar que no existe la pérdida en el valor de los activos denunciada por LG&E, acusándola de elegir caprichosamente el momento para valuar sus acciones.
Los defensores estatales, que sumaron en condición de testigos a funcionarios como el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, o el titular de la Unidad de Renegociación Contractual, Gustavo Simeonoff, también argumentarán en contra de cualquier discriminación: todas las medidas tomadas en el marco de la emergencia económica, incluida la desdolarización y desindexación de tarifas, fueron decisiones globales.
La secuencia de audiencias sigue en marzo en Miami, con otro trámite quizá más peligroso para las arcas públicas. Entonces se analizará la reparación exigida por Siemens, que reclama a la Argentina un resarcimiento por la rescisión del contrato que la habilitaba a imprimir los DNI. Muchas de las obligaciones impuestas por ese acuerdo a la ex adjudicataria fueron incumplidas por ésta pero, aun así, exige una indemnización que roza los 700 millones de dólares.
Según la defensa argentina, se trata de una cifra disparatada, que de ningún modo tiene fundamento legal. Pero como a diferencia de lo que ocurre en los tribunales locales, en el Ciadi no se tributa tasa de justicia ni costas en función de lo reclamado, los demandantes se atreven a formular planteos mucho más osados.
Este pedido de arbitraje, al igual que el promovido por Azurix, tienen un marco de mayor belicosidad que el que se tramita esta semana en la capital estadounidense. El procurador recusó al español Andrés Rigo Sureda, en ambas causas titular de los tribunales que las analizan, por negarse aaceptar pruebas documentales que planteó el Estado argentino y por haber elegido a un abogado defensor de aquellas empresas como árbitro para un trámite que involucra a Perú. Designación que para los abogados locales pone en duda la objetividad de Sureda al considerar el caso argentino.
Desde Miami, donde participa de la Tercera Conferencia Anual sobre Arbitraje Internacional, el ministro de Justicia y antecesor de Guglielmino, Horacio Rosatti, también denostó las aspiraciones expresadas por LG&E. “No hubo expropiación de activos ni discriminación, porque las medidas económicas afectaron a todos por igual y aun después de la crisis las empresas siguieron actuando y liquidando dividendos.”
Las expresiones del ministro fueron difundidas a través de un comunicado que redactó desde la Florida, gesto llamativo considerando que los juicios de las privatizadas ya no son un tema de su competencia directa. Quizá prueba de cuánto aflige al Gobierno el riesgo de tener alguna sentencia en contra. Un desvelo que el Presidente compartió con su par español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la reciente visita de éste, pidiéndole que persuada a los inversores ibéricos de levantar las demandas. Hasta ahora, el intento fue en vano.