La estrategia oficial para resolver los pleitos con las privatizadas incluye una nueva embestida contra el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones, donde el grueso de aquellas compañías demandaron al Estado argentino. El Procurador del Tesoro, quien hoy hará en Washington un alegato en contra el pedido de la energética norteamericana LG&E –accionista de varias distribuidoras gasíferas–, objetará por escrito ante el propio Banco Mundial el funcionamiento integral del Ciadi. A través de la Cancillería, Osvaldo Guglielmino también aspira a promover un foro de estados demandados, convocatoria que integraría a Brasil, Perú o Pakistán.
Por alguna razón no precisada en público, el Gobierno parece decidido a utilizar cuanto recurso tenga para evitar un laudo que obligue al Estado argentino a pagar una indemnización millonaria a favor de alguna empresa privatizada, que aspiran a ser resarcidas por los perjuicios de la pesificación y congelamiento de tarifas. Más allá de la defensa puntual frente a cada una de las demandas, los abogados estatales también optaron por descalificar al propio tribunal como instancia apropiada para resolver controversias.
Con esta táctica, el anterior Procurador y actual ministro de Justicia, Horacio Rosatti, hace meses acusó al Ciadi por escrito ante la OCDE y la Cepal de “responder a las exigencias del capital globalizado” y “no funcionar como un sistema” (cada caso es resuelto por un tribunal diferente, cuyo fallo no sienta jurisprudencia), “lo que impide apelar sus decisiones”. Fundado en esto, el documento argentino presentado en París calificó a aquella entidad de “cuerpo autorreferencial y hermético” y puso en duda la justicia de sus dictámenes debido a su “incapacidad para incorporar variables socioeconómicas”, como las que demostrarían que Argentina devaluó en el marco de una crisis peor a la del colapso del año ’30.
Su sucesor no piensa quedarse atrás. En diálogo con este diario, Guglielmino advirtió su intención de elevar un texto al Banco Mundial para señalarle las presuntas falencias del sistema de arbitraje. Entre ellas, que quienes son abogados en un juicio puedan ser árbitros en otros. O que se insista en la exigencia de no divulgar lo que se debate en las audiencias a las que da lugar cada expediente. “No vamos a cumplir ningún pacto de confidencialidad, simplemente, porque no existe ninguna norma que lo disponga”, proclamaba ayer ante este diario Guglielmino, aludiendo desde Washington a una de las imposiciones más resistidas por los defensores locales: no revelar los términos de lo que se plantea en cada alegato.
La otra iniciativa del Procurador será convocar a otros países también acusados por sus inversores y con causas pendientes en el Ciadi, para integrar con ellos un foro de naciones abroqueladas tras una estrategia defensiva común. La suerte del convite es incierta, si se atiende que este sistema de arbitraje tiene para Buenos Aires una relevancia que difícilmente revista para el resto, ya que alrededor del 80 por ciento de las demandas acumuladas son contra Argentina.
Mientras desde el Gobierno se analizan estos atajos, un conjunto de organizaciones sociales y de consumidores reforzaron la línea de resistencia con un escrito presentado en la capital estadounidense en el que solicitan “transparencia” al tribunal y la posibilidad de “aportar argumentos desde la perspectiva de las personas directamente afectadas” por las prestaciones de las privatizadas. Un reclamo que hace tiempo es alentado por el Gobierno, para quien sumar a terceros resulta decisivo para insistir en que Argentina vulneró acuerdos forzada por el derrape económico y social.
La movida involucró al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por la Igualdad y la Justicia, Consumidores Libres, Unión deUsuarios y Consumidores y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental, que aludieron a otro aspecto controvertido de este sistema arbitral: la Corporación Financiera Internacional –brazo a través del cual el Banco Mundial invierte en el sector privado– es acreedora y accionista de varias privatizadas que demandan, lo que ubica al BM en el rol de juez y parte.