El Gobierno puso ayer en marcha el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, órgano que supervisará la aplicación de la ley que fuerza a la Nación y a las dieciséis provincias adheridas a limitar sus gastos y sus deudas. Según las normas de creación de este nuevo cuerpo, el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires tendrán preeminencia a la hora de precisar cómo debe respetarse aquella norma de ajuste autoimpuesto y a qué jurisdicción y en qué circunstancia le corresponde un castigo. Su primer dilema será, en realidad, cómo perdonar a las administraciones que ya transgredieron las pautas previstas, acumulando más obligaciones que las que hubieran debido.
La Ley de Responsabilidad Fiscal fue aprobada por el Parlamento en agosto pasado y comenzará a aplicarse este año, después que se reglamente y se ponga en marcha aquel órgano, algo que a más tardar, ocurriría a principios de abril. La norma, celebrada por el Fondo Monetario Internacional, impide que el nivel de endeudamiento provincial supere al 15 por ciento de los recursos coparticipados y prevé que el aumento nominal del gasto público primario (antes del pago de intereses de la deuda) no puede aumentar más que el Producto Bruto Interno, condiciones que obligan a las provincias a elaborar sus presupuestos en base a esas pautas.
No es este último el punto que promete ser más urticante. Por el contrario, la cuestión más polémica es cómo harán las administraciones federales para ceñirse a aquel límite de deuda cuando en el promedio ya lo superaron cómodamente, y la mayoría de los distritos tomó obligaciones que equivalen al 20 por ciento de los fondos coparticipados.
Justamente, las jurisdicciones que adhirieron a la nota mediante la ratificación de sus legislaturas son aquellas con mayores dificultadeseconómico financieras y a las que les interesa ser incluidas en el Programa de Financiamiento Ordenado. El listado incluye a los estados de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán. Por el contrario, quedaron fuera del alcance de la norma otras como San Luis, Neuquén, Salta y La Pampa, con números presuntamente más ordenados.
El flamante Consejo tendrá un comité ejecutivo integrado por ocho representantes, incluyendo a la Nación. Las decisiones acerca de su conformación y el reglamento interno serán tomadas por votación, en la que cada voluntad vale tanto, según el porcentaje en la coparticipación de impuestos que tenga la administración que vota. De este modo, una eventual coincidencia de criterios entre la Nación y la provincia de Buenos Aires significará resolver cualquier cuestión, ya que ambas representan el 70 por ciento, según especula el especialista en cuestiones provinciales Rogelio Frigerio.
“Es la primera vez que el país tiene una ley con principios de responsabilidad fiscal que valen simultánea e igualmente para la Nación y para las provincias”, defendió el ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien en conferencia de prensa celebró el “cambio cualitativo” que hubo en la relación entre la Nación y las provincias, que pasó por “dejar de insistir en que las provincias eran las responsables primarias por el déficit fiscal”. “También hubo un paso cuantitativo: entender que era imprescindible pasar de políticas de déficit permanente a políticas fiscales que aseguraran una situación de equilibrio”, añadió.