En el Ministerio de Economía decidieron tomar con estudiada calma la decisión de un juez de Manhattan inmovilizando los bonos que el Bank of New York recibió de manos de quienes adhirieron al canje de deuda. No hubo comentarios, no hubo reacciones. Apenas algún señalamiento acerca de que “es un tema judicial, no vamos a responder por los medios”. Lo cierto es que el fallo provisorio del magistrado Thomas Griesa en favor del fondo buitre NML, comandado por el Elliot Group, frente a una demanda por el cobro al 100 por ciento y con intereses de bonos por 208 millones de dólares de valor nominal, abre una nueva etapa en la reestructuración de la deuda: la de la batalla judicial con los que quedaron afuera del canje. No por esperada, será seguida con menos tensión por las autoridades.
Las cortes de Nueva York son el ámbito natural en que se mueven los denominados fondos buitre, aquellos que se lanzan a la captura de títulos de la deuda de países moribundos a precios de papel de desperdicio, para luego sacarles beneficio en los tribunales, aunque para ello deban esperar un lustro o más. En el caso del Elliot Group, sus antecedentes lo pintan de cuerpo entero. Litigó, con distinta suerte, contra Panamá, Ecuador, Polonia, Costa de Marfil, Turkmenistán y el Congo. Aunque su caso más emblemático haya sido el de Perú, país en el que adquirió bonos de la deuda en 1996, cuando el ingreso del país en default era inminente, para luego demandar al Estado una vez producida la reestructuración de su deuda. Aquella vez, la operación le salió redonda, obteniendo una ganancia neta de 58 millones de dólares, aunque debió esperar hasta el 2000 para obtener el fallo a favor.
La secuencia es similar en todos los casos y no difiere demasiado entre los distintos fondos. Suelen operar exactamente en sentido contrario al que lo hace un operador habitual. Cuando éstos salen, aquéllos entran. Cuando las condiciones del país deudor indican que ya no podrá hacer frente a su deuda, los inversores “normales” tratan de desprenderse de los bonos que pronto podrían ser incobrables. Ahí entran a sobrevolar los buitres, con el espíritu carroñero de llevarse los desechos. Compra a precio de ganga los bonos del desafortunado país y esperan que el tiempo, y los tribunales, jueguen a su favor. Por eso, sus empleados mejor pagos son los equipos de abogados que se mueven con sagacidad y sin escrúpulos en los tribunales neoyorquinos.
En el caso de Argentina, tanto el Elliot Group, como el excéntrico millonario Kenneth Dart habrían estado comprando bonos argentinos a lo largo de toda la segunda mitad de 2001, justo cuando los capitales huían del país e inmediatamente después que Domingo Cavallo hiciera su última gran obra antes de que le explotara la convertibilidad, instrumentando un canje de deuda por el que comprometió tasas del 15 por ciento de interés, sin bajar un dólar del monto de la deuda. Nadie dudó, en el mercado, de que el compromiso era incumplible.
Es verdad: en el Palacio de Hacienda esperaban la ofensiva judicial. No podía ser de otro modo cuando unos 20 mil millones de dólares de títulos en default, que una vez cerrado el canje el Ministerio de Economía directamente pasó a desconocer como deuda, habían quedado en su mayoría en manos de fondos buitre. Un dato tranquilizador para el equipo económico es que la avanzada judicial provenga de un buitre y no de un inocente ahorrista que “creyó” en los bonos argentinos. Moralmente, suena distinto, aunque no sean de ese orden los parámetros que vaya necesariamente a tomar en cuenta el veterano juez Griesa.
En los despachos oficiales computan otro dato a su favor: la declaración del vocero del Fondo, Thomas Dawson, informando el jueves que el organismo no se sumará al pedido de reapertura del canje, se habría hecho cuando ya en ese nivel de funcionarios se conocía el fallo de Griesa. En Economía insistirán en que el canje no se reabre. Los abogados de los fondos buitre también conocen de antemano esa respuesta. Pero en uno y otro bando también saben que la pelea recién empieza.