El Gobierno intimará a las empresas de telecomunicaciones a reintegrar a los clientes los montos facturados en concepto de Servicio Universal desde la apertura del mercado a la competencia en diciembre del 2000. La resolución 99 de la Secretaría de Comunicaciones dispone que la Comisión Nacional de Comunicaciones intime a las empresas que trasladaron a los clientes este costo, que debía ser aportado al Fondo de Servicio Universal para financiar la prestación de telefonía en zonas o a grupos no rentables.
El decreto 764 del año 2000, que fijó las normas para la apertura del mercado de telecomunicaciones a la competencia, estableció que las empresas debían aportar el 1 por ciento de su facturación al Fondo de Servicio Universal. Según cálculos extraoficiales, el monto correspondiente a ese porcentaje desde 2001 hasta fines de 2004 supera los 300 millones de pesos.
La resolución recordó que este concepto –que no fue transferido al Estado por las empresas– es “una obligación de aporte de inversión de los prestadores al Fondo Fiduciario de Servicio Universal y en tal carácter no puede ser discriminado en las facturas que los prestadores emiten a sus clientes, ni cobrado a los clientes”. El Fondo tiene por objeto financiar los servicios de comunicaciones a los ciudadanos residentes en poblaciones alejadas de los centros urbanos, escuelas rurales y centros de salud de atención primaria, pero nunca fue conformado.
Esta es la primera medida resuelta por la Secretaría de Comunicaciones sobre el tema, después de la gestión de cuatro funcionarios al frente de la secretaría. La resolución se centra en las empresas que trasladaron el 1 por ciento de Servicio Universal a los clientes finales, “cualquiera haya sido la denominación bajo la cual hayan facturado y cobrado tal concepto” a sus usuarios. Entre ese grupo, las que están claramente identificadas son las empresas de telefonía móvil, que desde la apertura discriminaron en las facturas el concepto en cuestión.
La resolución, en los considerandos, hace mención a un planteo del defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que cita a las empresas CTI, Movicom, Unifón, Personal y Nextel. El consultor Enrique Carrier estimó hoy que las empresas de telefonía móvil facturaron en los últimos cuatro años 16.000 millones de pesos, por lo que el monto acumulado de lo cobrado a los clientes ascendería a 160 millones de pesos.
El analista consideró que “será difícil implementar una devolución del dinero a los clientes”, porque muchos ya no son clientes de la misma empresa y porque en un mercado con un 70 por ciento de servicios con tarjeta, la devolución sería en pulsos y tal vez no a la misma persona que hizo el pago.