La justicia laboral hizo lugar al amparo presentado por la CTA contra el Ministerio de Trabajo por “mora administrativa” y le reclamó a dicha cartera que informe las razones para la demora en tramitar la personería gremial solicitada por dicha central sindical. La denuncia está inscripta en la disputa entre la CTA y la CGT y el aparente vuelco en los últimos meses del Ministerio de Trabajo en favor de esta última, paralizando el reconocimiento gremial de la central opositora (más allá del abierto alineamiento con el presidente Kirchner de algunos miembros de la conducción nacional).
Carlos Tomada no debe haber disfrutado a pleno de su cumpleaños el último miércoles. Aparte de la resolución firmada por la titular del juzgado nacional del trabajo número 47, Inés Gassibe, el mismo día recibió la información acerca de que la Ciosl (central sindical internacional de orientación socialcristiana, a la que pertenece la CGT) reclamó ante la OIT que en la próxima asamblea anual, a realizarse en Ginebra en junio, se incluya el tratamiento de la denuncia de la CTA.
“Parece que el ministro se está olvidando del principio de legalidad por la presión de las corporaciones”, señaló el titular del Departamento Legal de la CTA, Horacio Meguira, a este diario al comentar dichas informaciones. Según el letrado de la central, la presión proviene de la Unión Industrial Argentina y de la CGT, porque al negarle la personería gremial a la CTA le impiden participar oficialmente como representante en los conflictos y firmar acuerdos por paritarias. Meguira señaló que el congelamiento del trámite de reconocimiento se frenó precisamente cuando la UIA y la CGT se apartaron del Consejo del Salario para negociar por afuera del mismo, a fines de 2004.
El fallo de la justicia laboral le otorga 10 días al Ministerio de Trabajo para que informe la causa de la demora. “Si no responde, corresponderá que la Justicia lo intime, y si la respuesta no es satisfactoria, debería derivar los antecedentes a la justicia penal para que le inicie una causa al ministro por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó el abogado de la CTA.