Es un brete realmente difícil para el Gobierno. Como en cualquier economía de mercado, si las productoras de gas no tienen una tarifa estimulante, no invierten y si la tienen, alguien tiene que pagarla, con el consiguiente costo inflacionario y social. Finalmente, nunca hay garantías de que las prerrogativas a las productores sean realmente eficaces para estimular una actividad de riesgo como la exploratoria, ni siquiera cuando el éxito está cantado. El ejemplo elegido por Roberto Kozulj, del Instituto de Economía Energética, es Loma de la Lata, cuya licencia de explotación fue prorrogada por diez años a favor de Repsol que, sin embargo, habría invertido “sólo el 47 por ciento de lo que se comprometió a desembolsar” hace un lustro.
Para el especialista es un verdadero caso testigo. Según explicó ayer en un seminario organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, si ese yacimiento neuquino, el reservorio gasífero más importante del país, hubiese recibido la inyección de capital prometida –3000 millones de dólares entre el 2000 y 2005– hoy podría aportar una cantidad de carburante al mercado que minimizaría el riesgo de una crisis.
Quizás el problema no sea sólo de aquella petrolera. Como también destaca Kozulj, a pesar de que el conjunto de las productoras de gas hoy tienen la posibilidad de exportar con un dólar tan alto, como los precios internacionales de crudo y un sendero de precios que casi equipara al valor boca de pozo, que cobraban antes de la devaluación, “también se restringió la oferta de gas”.
Para paliar ese faltante, el Gobierno eligió importar fuel oil venezolano a su cargo. Con este esquema, el conjunto de contribuyentes termina afrontando un costo que trata de evitarse al conjunto de consumidores de gas y electricidad (generada con usinas térmicas) y que, de acuerdo a la gravedad de la crisis energética, podría sumar entre 600 y 3500 millones de dólares en tres años.
Después de varios ajustes, en julio el millón de BTU (la unidad térmica para fijar el precio del gas) llegará a 1 dólar, aún lejos del 1,60 que reclaman los productores para que la ecuación cierre a su gusto. Por ahora aquel mayor costo lo afrontan sólo los grandes usuarios de gas y luz pero, si se habilitara la transferencia de mayores costos a las facturas de los residenciales, éstas deberían aumentar un 22 por ciento en el caso de los usuarios de energía eléctrica y un 31 en el caso del gas natural por redes, según un cálculo de aquel instituto barilochense.
El gobierno de Néstor Kirchner no tomó por ahora la decisión política de permitir ese traspaso. Pero difícilmente éste pueda ser definitivamente absorbido por los grandes clientes sin trasladarlo en algún momento al precio de los productos o servicios que comercializan. Es decir, sin motorizar la inflación.
Aquel especialista (un esmerado detractor de las políticas de privatizaciones, insospechado de avalar cualquier criterio de las prestadoras) es habilitar aumentos sobre las facturas de los usuarios más pudientes. No hacerlo, a su juicio entraña “hacerle un flaco favor a la equidad”, ya que carga las tintas sobre los menos favorecidos. En esta línea, los usuarios medios hoy pagarían un precio “ridículo”, cuando son ellos mismos los que provocan los picos de demanda en las épocas de crisis. “El dueño de una casa calefaccionada con cinco estufas sí puede afrontar un aumento que, seguramente, no tolera el que tiene una. Por eso es clave la tarifa social”.
Consumidores Argentinos destaca otro punto sensible. Las redes de gas domiciliario se expandieron un 45 por ciento entre 1992 y 1998, aumento básicamente pagado por los usuarios a través de un cargo. Algo tan real como que la ampliación del sistema de transporte estuvo ligada casi exclusivamente a la posibilidad de exportar más que a las necesidadesexpresadas por la demanda interna, hecho probado por lo que habría ocurrido nítidamente con los gasoductos del Norte y Centro-Oeste.
El mismo trabajo juzga “magras” las inversiones de transportistas y distribuidoras de gas entre 1993 y 2001 si se las contrasta con los 3800 millones de dólares de beneficios, de los cuales “el 81 por ciento se repartió como dividendos”. Pero, al menos por ahora, no hay norma que obligue a invertir hoy por lo que se ganó ayer.