El índice de Salarios elaborado por el Indec avanzó en marzo en 0,67 por ciento con respecto al mes anterior y del 6,5 por ciento en el primer trimestre, período en el que el aumento del costo de vida fue del 4 por ciento. La variación experimentada por el indicador desde antes del estallido de la convertibilidad, es decir desde diciembre de 2001, refleja un aumento del 40,2 por ciento, que sin embargo oculta situaciones disímiles al hacer la comparación con la evolución de los precios. Mientras el sector privado de trabajadores registrados por sus empleadores (“en blanco”) tuvo una mejora nominal del 62,7 por ciento, los trabajadores privados no declarados por sus patrones (“en negro”) y los del sector público tuvieron un aumento similar, de apenas 17,6 por ciento. Estos incrementos son notablemente inferiores a los verificados por el costo de la canasta de indigencia, del 74,3 por ciento, y de la canasta básica total, del 55 por ciento, aunque estos dos valores hayan resultado de la comparación con febrero de 2002 (sin tomar los incrementos de los dos primeros meses de ese año).
En forma simultánea, ayer se dieron a conocer los nuevos valores de la Canasta Básica Alimentaria para abril, mes en el que retrocedió en un 0,5 por ciento, por lo que una familia de cuatro integrantes necesitó de 352,82 pesos para poder cubrir la cantidad mínima de calorías. En tanto que la Canasta Básica Total, que incluye, además de alimentos, indumentaria y algunos servicios, se mantuvo sin variantes en 772,65 pesos, monto requerido para que el mismo grupo familiar no caiga bajo la línea de la pobreza.
Las estadísticas salariales del Indec muestran con absoluta crudeza la diferenciación salarial entre los trabajadores declarados y los no declarados por sus empleadores. El dato más preocupante es que el empleo no registrado sigue siendo una práctica extendida en muchos sectores y actividades. El 70 por ciento de los trabajadores en los countries de la provincia de Buenos Aires está “en negro”, según un informe del Ministerio de Trabajo bonaerense. Sólo en Pilar, la cartera laboral relevó un total de 1863 trabajadores, de los cuales 1311 “carecían de registro o sus patrones no pudieron acreditar regularización”.
Los inspectores del ministerio provincial analizaron diversos rubros, como trabajadores en obras en construcción, personal dedicado al servicio doméstico, empleados de comercios y otras actividades. La rama en la que se detectaron la mayor cantidad de irregularidades fue la construcción. Sobre el total de locales inspeccionados por rama, el nivel de infracciones en comercios superó el 65 por ciento, en tanto que en el servicio doméstico alcanzó el 64.
La cartera bonaerense también detectó situaciones de “clandestinidad laboral” en la contratación de mano de obra para la cosecha de papa y cebolla en la provincia, actividad en la cual entre el 70 y 90 por ciento de los empleados estaría en negro.