Entre 2001 y 2004, la pérdida del poder adquisitivo del salario real promedio fue del 25,2 por ciento. Este dato no inhibió una continua mejora global de las condiciones laborales. En una primera etapa, entre octubre de 2002 y fines de 2003, el resultado fue inducido en parte por la recuperación salarial, pero desde entonces respondió exclusivamente al “efecto cantidad”, es decir al crecimiento del empleo y la disminución del subempleo. El salario, siempre en promedio y en términos reales, se mantuvo estancado desde comienzos de 2004, un claro indicio del resultado de la puja distributiva. La “vocación” gubernamental “por mejorar la distribución del ingreso”, que se plasmará a partir del miércoles próximo en una nueva reunión del Consejo del Salario, la Productividad y el Empleo, partirá de esta base, aunque por definición sus resultados sólo beneficiarán de manera directa a los trabajadores en blanco. Según adelantaron las partes, este efecto no se notará en los bolsillos de los trabajadores, dato que cuestiona al conjunto de los instrumentos que se proponen actualmente para ajustar salarios.
La pérdida más fuerte del poder adquisitivo salarial entre 2001 y fines de 2004 se produjo, previsiblemente, en el sector “no registrado” o en negro, donde alcanzó el 25,7 por ciento. El sector formal, a pesar de haber sido el beneficiario directo de los aumentos de suma fija y del salario mínimo, perdió el 20,4 por ciento, mientras que el Público se retrajo el 22,6 por ciento. Estos números están construidos sobre los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec y corresponden al último informe trimestral sobre las condiciones del mercado de trabajo realizado por el Cenda, un centro de estudios conformado por investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Si bien se trata de cifras cuyas tendencias eran conocidas, no habían sido hasta ahora precisadas. Los datos resultan significativos en momentos en que la persistencia de la distribución regresiva como constante de la economía local en las últimas tres décadas ocupa nuevamente el primer plano. En este sentido, tienen la capacidad de revelar las limitaciones de algunos de los mecanismos que se proponen para resolver el conflicto, entre ellos:

- La convocatoria al Consejo del Salario como legitimador de los aumentos decretados por el Poder Ejecutivo. Aunque resistidos y considerados una interferencia por los empresarios, estos aumentos se revelaron hasta ahora como el único instrumento eficaz de recuperación salarial en un contexto de alta desocupación, es decir, de fuerte debilitamiento del poder de negociación de los asalariados. Por sus propias características, benefició más a los trabajadores en blanco, pero según revela el trabajo del Cenda, lo hizo en el margen, ya que en promedio la pérdida de poder adquisitivo es importante incluso en este sector. El mecanismo, sin embargo, indujo un achatamiento de la pirámide salarial que favoreció a los trabajadores de menores ingresos, lo que, a su vez, repercutió favorablemente en algunos indicadores sociales críticos, como la pobreza y la indigencia. La convocatoria al Consejo del próximo miércoles es un nuevo capítulo de este proceso. Según lo adelantado por fuentes de la CGT, la UIA y el propio Gobierno, existe cierto consenso mayoritario sobre cuál será el resultado final de las discusiones: la inclusión al salario mínimo de dos aumentos ya concedidos, que en conjunto suman 160 pesos. Mientras el Gobierno espera que la convocatoria se entienda en el marco de su “vocación por mejorar la distribución del ingreso”, los empresarios esperan que el incremento se limite al salario mínimo; es decir, que no se convierta en básico de convenio y se derrame a todos los niveles salariales. Al margen del pobre resultado global mostrado por las cifras del Cenda, queda claro que sin la intervención gubernamental la situación sería mucho peor, lo cual abre un interrogante sobre el siguiente mecanismo.

- “Los aumentos de salarios sólo deben responder a los aumentos de la productividad del trabajo.” Se trata del axioma que prevaleció en los ’90 y cuyos resultados son conocidos. La década pasada evidenció que el salario, incluso con un mercado crecientemente desregulado, puede ser retribuido aun por debajo de la evolución de su productividad, lo que refuta por la negativa las afirmaciones de la ortodoxia y destaca que la puja distributiva es una relación de poder. Si siguiendo a la teoría tradicional se acepta que la lucha por la distribución del ingreso es una lucha por la distribución del crecimiento de la productividad, aún resta resolver la pregunta que está detrás: ¿A partir de qué momento? Qué pasa si el capital, cuya retribución es la ganancia, estuvo retribuido durante largos períodos por encima de su productividad. Aceptar la afirmación significa congelar la distribución del ingreso existente al momento en que el criterio comienza a aplicarse.

- Ajustar salarios por inflación. Se trata de la propuesta que surgió de los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) que despertó la reacción del Ministerio de Economía, que la consideró un regreso a las prácticas indexatorias del pasado. La propuesta contaba con el consenso de algunos sectores de la CGT. Por las dudas, buena parte de los mismos empresarios que propusieron el mecanismo decidieron remarcar precios para cubrir los potenciales aumentos salariales futuros, lo que dio pábulo a la reacción de Economía. Pero más allá de la implícita dimensión monetaria y de funcionamiento de mercados oligopólicos se trata de un mecanismo emparentado con la visión marginalista de retribuir de acuerdo con la productividad: congela en un punto la distribución del ingreso dada.
La pregunta final que plantea la investigación del Cenda es qué significaría mantener el congelamiento de la distribución actual del ingreso por la vía tanto del ajuste por productividad como del ajuste por inflación. La respuesta es que se convalidarían niveles salariales inferiores a los promedios históricos e incluso por debajo de los niveles pre crisis; esto es, los que resultaban de tres años de recesión.