De acuerdo con los trascendidos que circulan por las gerencias del Banco Central, el directorio de la entidad resolvió el martes, por amplia mayoría, constituirse en querellante en la causa que investiga la caída de los bancos que fueron propiedad de Raúl Juan Pedro Moneta. La incómoda situación en que la inacción había dejado a la cúpula del BCRA pesó de modo decisivo a la hora de imprimir este golpe de timón. Casi en simultáneo con esa decisión, los medios vinculados a Moneta renovaron su ofensiva contra el gerente de asuntos jurídicos de la entidad, Marcos Moiseef, anunciando una inexistente denuncia por enriquecimiento ilícito. Más allá de la presión concreta que la intervención del BCRA pueda realizar sobre el expediente que instruye Rodolfo Canicoba Corral, la noticia es un duro golpe al plexo solar del actual copropietario de Canal 9 y Radio 10.
La discusión en el directorio fue áspera, si bien finalmente se logró un consenso abrumador respecto de la necesidad de asumir el rol de querellante por parte de la entidad, perjudicada en su patrimonio por la abrupta caída del Banco República al que había prestado una voluminosa asistencia financiera. Fueron 70 millones de pesos-dólares garantizados con el Edificio República, sede entonces de Telefónica. Cabe señalar que el edificio, inaugurado poco antes, había costado 37 millones, una cifra muy inferior a la que resultaría de la tasación oficial, tasación sugerida por las propias autoridades del BCRA, comandado por Pedro Pou.
El único miembro del directorio que se atrevió a romper con la casi unanimidad del directorio fue el ex senador Ricardo Branda, un funcionario de pocas pulgas que alguna vez alborotó los sombríos pasillos del edificio de la calle Reconquista recordándole al gerente de jurídicos, Marcos Moiseef, que “el cementerio está lleno de valientes”. Moiseef se habría limitado a responder: “También está lleno de compadritos”. Lo cierto es que, en los últimos días, el informe elaborado por una funcionaria de la Superintendencia exponiendo el escándalo en que podría verse envuelto el BCRA de persistir en su actitud prescindente y los reclamos efectuados desde la política surtieron efecto. El ex diputado mendocino Gustavo Gutiérrez –uno de los grandes denunciantes de Moneta, junto al contador Luis Balaguer y al ex juez federal Luis Leiva– había entrevistado al presidente del BCRA, Martín Redrado, y al director Miguel Pesce, pidiéndoles una definición en ese sentido y señalando la responsabilidad en que podrían incurrir de no evitar la prescripción de la causa.
Como se recordará, el Banco República transfirió al Mendoza lo peor de su cartera y lo parasitó con constantes operaciones de “call money”. Según verificaron las pericias ordenadas por el entonces juez Leiva, la provincia de Mendoza, a través del Banco Mendoza, había transferido al República una cifra que rondaba los 11 mil millones de pesos-dólares, una cantidad muy similar a la que, se calcula, pasó por la calesita que organizaron el República, el Citibank y el Federal Bank. Al menos, así surge de los hallazgos del subcomité de investigaciones del Senado de Estados Unidos.
Por cierto que el Federal Bank, una entidad de dudosa seriedad y cuyo patrimonio se limita a una casilla de correos, se ha transformado en el talón de Aquiles de Moneta, quien no informó de su existencia en ninguna de las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP. A instancias del fiscal Paul Stark, quien había fracasado en sus gestiones, Moiseef solicitó al Banco Central de Bahamas el envío de información relativa a la propiedad de ese banco off-shore. Para sorpresa de muchos y contrariedad de Moneta, las autoridades monetarias de la isla respondieron con toda claridad: los titulares del Federal Bank eran Moneta, su tío Benito Lucini, su primo Pablo Lucini y un socio ultraminoritario, Eduardo Rivarola. De inmediato, Moneta, su abogado Alejandro Mitchell y el ex agente de la CIA Frank Holder –de la agencia de seguridad e investigaciones “Kroll”– iniciaron una contundente y costosa operación de lobby sobre Bahamas para lograr que recalificaran como “un error” la información anterior.
Convencido de la necesidad de querellar, Moiseef había sido objeto hace tiempo de una campaña difamatoria de cuyo origen nadie duda: el ex banquero. No obstante, la Justicia desestimó su denuncia. Ahora, el acoso ha vuelto a empezar. Uno de sus voceros es un hombre del riñón del tándem Moneta-Hadad, Eduardo Feinman, y el instrumento utilizado, Radio 10. Allí dijo, por ejemplo, el 31 de mayo al mediodía: “Se llama Marcos Moiseef, es un gerente del Banco Central (...) Un hombre que gana algo así como 5 mil pesos por mes, tiene una causa en el juzgado de Servini de Cubría (...) Se lo está investigando porque le han encontrado inexplicablemente, llamativamente, misteriosamente, una cuenta millonaria, entre 2 y 3 millones de dólares, en el Bank Boston de New York”. La imprecisión de Feinman (“entre 2 y 3 millones de dólares”, una verdadera pavada la diferencia) es la misma que exhibió Pedro García, el hombre que ante el Consejo de la Magistratura dijo haber sido comisionado por Leiva para pedirle a Moneta “4 o 5 millones de dólares” para dejar de investigarlo. En el juzgado de Romilda Servini de Cubría no existe denuncia alguna respecto del supuesto enriquecimiento ilícito de Moiseef.