La empresa Massalin Particulares manifestó su acuerdo con la posibilidad de que el Gobierno establezca un precio mínimo del atado de cigarrillos, para garantizar un piso recaudatorio. De esta manera, se quebró el frente de las tabacaleras, ya que Nobleza Piccardo se niega rotundamente a admitir esta chance sugerida desde los despachos oficiales, y aún no traducida en ninguna norma que la imponga.
“Massalin Particulares viene expresando, desde hace tiempo, su apoyo a los esfuerzos del Gobierno para implementar una regulación amplia y efectiva de los productos de tabaco, incluyendo políticas fiscales diseñadas para alcanzar objetivos de salud pública”, afirmó la compañía a través de un comunicado.
Asimismo, sostuvo que, “si el Gobierno cree que los incrementos de precios son una herramienta efectiva para reducir el consumo de tabaco y lograr objetivos de salud pública, entonces para Ma-ssalin Particulares la cuestión central radicará en asegurar que todos los fabricantes adhieran a la regulación y que ésta sea aplicada en forma pareja a todos”.
Pero esta posición emparentada con los criterios oficiales se da de bruces con la que sostiene Nobleza Piccardo, la otra actora relevante del mercado, para quien “la fijación de un precio mínimo para los cigarrillos sólo puede beneficiar a quien en la actualidad lidera el mercado limitando y restringiendo las alternativas de acción del resto de los competidores”. A esto añadió que la posible medida “atenta seriamente contra la libre competencia”, visión opuesta a la de Massalin, para quien esa puja no se obstruiría por un piso impuesto por el Estado.