El Gobierno interpretó el último documento del FMI sobre la economía argentina como la campana de largada de las negociaciones para un nuevo acuerdo. El informe es un compendio de reclamos de carácter ortodoxo, que si el Poder Ejecutivo siguiera al pie de la letra lo haría dar un giro de 180 grados en su política económica. El funcionario que se encargó de responderle al Fondo es Héctor Torres, el delegado permanente de Argentina en el organismo. Primero enfatizó que el directorio de la entidad cayó en “contradicciones violentas” en algunas de sus recomendaciones, y después hizo una evaluación política: “Vamos hacia la negociación y cuando las discusiones empiezan las partes se colocan en posiciones de máxima”. Por lo tanto, las exigencias del FMI hay que entenderlas como “parte del proceso”. “No hay muchas sorpresas”, desdramatizó Torres.
Hace un año que el acuerdo entre la Argentina y el Fondo está interrumpido. El Gobierno se tomó todo ese tiempo para completar la reestructuración de la deuda y ahora, con ese éxito en su haber, está en una posición de mucha mayor fortaleza para negociar. Por eso, cerca de Lavagna indican que era previsible que el FMI mostrara los dientes en esta oportunidad.
El organismo aprovechó el informe sobre la economía argentina –auditoría que el Fondo hace cada dos años a todos sus países asociados– para enviar un mensaje público sobre el carácter que tendrán las negociaciones para un nuevo programa con Argentina. En primer lugar, reclamó que el Banco Central deje de intervenir para sostener el tipo de cambio, con el argumento de que tanta emisión de pesos sería inflacionaria. Es un pedido que para el Gobierno resulta inaceptable. El principal objetivo de la política económica es mantener el dólar en un nivel “competitivo”, según la definición oficial. Después, los directores del FMI reclamaron un rápido aumento de tarifas de los servicios públicos, que el Ejecutivo tiene en carpeta sólo para después de las elecciones. Otras demandas fueron acordar con los acreedores que no entraron al canje de deuda, aumentar las tasas de interés y compensar a los bancos por los amparos del corralito.
Torres se refirió a las otras dos exigencias centrales del Fondo: aumentar el superávit fiscal y utilizar las reservas del Banco Central para cancelar la deuda con el organismo. Sobre el primer punto, el funcionario negó que exista una cifra concreta de superávit pedida por el Fondo. “No hay ningún número fijado en el resumen de lo que pasó en la reunión de directorio”, indicó. Sin embargo, ese texto dice que la Argentina debería elevar su excedente fiscal de este año al nivel de 2004, que fue, según cita el organismo, de “5,1 por ciento” entre la Nación y las provincias. “Eso está entre los supuestos que usa el staff del Fondo”, señaló Torres, supuesto que asume que el país “no tendrá acceso a financiamiento” en los mercados para refinanciar su deuda y, por lo tanto, necesitará mayor superávit fiscal para cubrir vencimientos. Ese supuesto es tan conservador “como el que utilizó el FMI para estimar en sólo 3 por ciento el crecimiento del PIB de este año, número que ahora están duplicando”.
En relación con el uso de las reservas del Banco Central para pagarle al Fondo, Torres dijo que “hay una contradicción violenta entre sugerir que dejemos de comprar reservas (y en consecuencia baje el dólar) y sugerir que usemos las reservas para pagarle al Fondo”. A su juicio, “no hay que darle tanta importancia al tema”, porque “son contradicciones que habrá que resolver en algún momento” de la negociación. El funcionario eligió un tono más moderado para referirse al reclamo sobre las tarifas de los servicios públicos y remarcó que “el Gobierno está trabajando en esto, porque hay que hacer algo al respecto de los contratos en general y no sólo de las tarifas”.
Pese a la dureza del texto redactado por el directorio del FMI, varios de los miembros del Grupo de los 7 adelantaron que no obstaculizarán el entendimiento entre Argentina y el organismo. De hecho, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Lino Gutiérrez, expresó ayer los deseos deWashington “de que pueda llegarse a un buen acuerdo” y destacó que “eso depende de los negociadores, pero sí, eso es lo que queremos ver todos”.
Torres aclaró que las conversaciones que empiezan en julio no serán interrumpidas por las vacaciones de agosto en Estados Unidos. “Se están tomando todas las previsiones del caso para que haya un equipo de negociadores por parte del Fondo, a pesar de las vacaciones”, aclaró el funcionario, quien insistió en que habrá que prepararse para una larga discusión.