Las principales firmas proveedoras de insumos agropecuarios lograron que las deudas pesificadas que con ellas mantienen los productores sean vueltas a dolarizar. Las proveedoras presionan al Gobierno con la amenaza del desabastecimiento y la caída de la producción del campo. También sostienen ser acreedoras de 3000 millones de dólares, más del doble del total de insumos de una campaña. Hoy, en el Senado, en comisión, se tratará la media sanción de Diputados del proyecto que da marcha atrás con esa resolución, volviendo a pesificar esas deudas.
Durante los últimos años de la convertibilidad, y especialmente durante el 2001, las multinacionales proveedoras de insumos agropecuarios, seis empresas que controlan el 60 por ciento del mercado local, cambiaron el eje de sus negocios. Aprovechando su capacidad de tomar dinero en el exterior a tasas entre el 3 y el 4 por ciento anual, compitieron con los productores locales financiando a sus clientes a tasas de entre el 18 y el 22 por ciento. Su negocio principal pasó a ser el financiero, pero la devaluación con pesificación provocó el crac del ciclo. Sin embargo, luego de haber usufructuado el mayor riesgo argentino, demandaron al Estado una reversión de la pesificación que les recorte pérdidas. El premio a la insistencia fue la obtención de la resolución 10/2002 del Ministerio de Economía, la que lleva la firma del entonces ministro Jorge Remes Lenicov y que habría sido gestionada por el actual secretario de Finanzas Guillermo Nielsen cuando actuaba como representante del Palacio de Hacienda ante el Banco Central. Así, al igual que otros sectores con poder de mercado, multinacionales como Bayer, Basf, Monsanto o Syngenta, entre otras, se resistieron a la pesificación. Pero a diferencia de los demás sectores tuvieron la capacidad de que sus acreencias con los productores sean vueltas a dolarizar. La derogación en Diputados de la resolución que permitió la excepción refleja la puja entre uno de los sectores beneficiados con la devaluación, el agropecuario, y quienes apostaron al negocio financiero, las multinacionales proveedoras.
Entre los argumentos de las multinacionales se cuenta el ser acreedoras del campo por 3000 millones de dólares. Sostienen que el no recupero de la totalidad de esta cifra se traducirá de manera directa en desabastecimiento y problemas de financiación de la futura cosecha. Los números tanto de los productores de insumos locales como del sector agropecuario son otros. Una deuda de 3000 millones no sería posible, sostienen, porque la totalidad del mercado local de insumos alcanza anualmente los 1500 millones de dólares, 600 en agroquímicos, 450 en semillas y 450 en fertilizantes. Además, de estos 1500 millones sólo se financian entre 700 y 900 millones, de lo que resulta que la deuda correspondería a más de tres cosechas.
La financiación de los insumos agropecuarios asume varias modalidades. Una de las principales –que alcanza alrededor del 50 por ciento de las operaciones– es la que se conoce como “plan canje”, que consiste en pagar los insumos en especie incorporando el interés, es decir, con parte de la cosecha futura. Obviamente, la pesificación no alcanzó a esas deudas. Otra parte de los insumos se paga con tarjetas de crédito agropecuarias y la restante, la financiada por las propias multinacionales, se hace contra garantía de cheques postdatados.
Puesto que la devaluación no afectó por igual a todos los productores del campo –no es lo mismo quien exporta su producción y recibe dólares que quien produce leche para el mercado interno– muchos proveedores locales de insumos optaron por negociar sus acreencias directamente con los productores, que van desde los chacareros hasta grandes pulls de siembra, y analizar caso por caso. Como los gerentes locales de las multinacionales no tienen poder de decisión para negociar, estas firmas optaron por presionar el cambio de reglas global que ahora se discute.
La amenaza de desabastecimiento de insumos si no se resuelve a favor de la despesificación también es relativa. Por dos razones. La primera es quedel promedio de los 800 millones que deben financiarse anualmente, existe capacidad local para financiar 500 millones. La segunda razón está referida a la estructura de la oferta. Los 450 millones en semillas no pueden dejar de venderse, pues transcurrido un cierto tiempo se degradan. De los fertilizantes, otros 450 millones se importa el 20 por ciento del total, los fosfatados. El 80 por ciento restante son nitrogenados –urea– producidos localmente en base a gas y amoníaco por dos grandes firmas: Profertil, en Bahía Blanca, y Pecom, en Campana. Se trata de dos fábricas de proceso continuo donde detener la producción acarrearía un costo considerable. En el caso de los agroquímicos, además de un 40 por ciento de abastecimiento local con mercado competitivo, existe una importante oferta internacional de China e India.