La Corte Suprema terminó con las gambetas de Eduardo Eurnekian para eludir el embargo de la caja de Aeropuertos Argentina 2000. El máximo tribunal ordenó ayer que oficiales de Justicia intervengan las cajas de las estaciones aéreas de Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Salta. Su misión es retener la diferencia entre pesos y dólares de las tasas de embarque de los vuelos internacionales. La empresa sufre la misma penalidad desde enero pasado en sus oficinas del Aeroparque Metropolitano.
A pesar de la pesificación de la economía, Eduardo Duhalde hizo una excepción con Aeropuertos cuando era presidente: autorizó que las tasas de embarque internacionales siguieran dolarizadas. Lo hizo a través de un decreto que dictó en el 2002. Distintas asociaciones de consumidores se presentaron ante la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad de la medida. Hasta el día de hoy los tribunales no dictaron un fallo definitivo, por lo que permanece irresuelto si corresponde el pago en pesos o dólares.
Sin embargo, siete juzgados dictaron medidas cautelares que obligan a la empresa a depositar en una cuenta judicial la diferencia entre pesos y dólares. Es decir, de los 8, 13 o 18 dólares que les cobra a los pasajeros –según el destino–, la compañía puede quedarse con 8, 13 o 18 pesos, mientras que el resto debe separarlo y mantenerlo inmovilizado en una cuenta en el Banco Ciudad, a la espera de que la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión.
Aeropuertos ignoró esas resoluciones durante más de dos años, pero ahora deberá cumplirlas. Las terminales que despachan vuelos internacionales, es decir Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Salta, recibirán “interventores recaudadores” que se encargarán de separar el dinero. Esos recursos serán guardados para reintegrárselos a los pasajeros en caso de que, finalmente, se disponga la pesificación de las tarifas. La deuda acumulada entre el 2002 y el 2004 es de 300 millones de pesos.
Fuentes de la empresa dijeron estar confiadas en que el conflicto se resolverá a través de la renegociación del contrato, que debería finalizar en cien días. La Corte Suprema también se refirió a la pesificación de las tarifas que cobran las terminales portuarias, cuando éstas consiguieron hace un mes la ratificación de la dolarización por ley.