Aunque las distribuidoras eléctricas que abastecen Capital Federal y el conurbano redujeron notoriamente las inversiones tras la devaluación, no hay ningún riesgo a corto ni a mediano plazo de que el sistema colapse por deficiencias en este segmento. Quizá por ello el Gobierno se tomó más tiempo para celebrar un acuerdo de renegociación que ya cerró con Edesur y está a punto de sellar con Edenor, gracias al cual las tarifas estuvieron contenidas durante cuatro años. La revancha de las empresas llegará el año próximo, cuando la denominada “revisión tarifaria integral” les garantice recomponer su negocio sobre las pautas originales de estas privatizaciones.
Edenor invertirá este año 160 millones de pesos, más que los 120 millones del año pasado, pero bastante menos que el promedio histórico previo a la pesificación y congelamiento de sus tarifas. Edesur desembolsará un monto similar y también quedará con ello por debajo de su promedio hasta el 2001.
Pero según admiten ahora las propias privatizadas, esta merma en los fondos destinados al mantenimiento de la red recién podría resentir sensiblemente la calidad de la prestación en unos siete u ocho años y siempre sobre el supuesto de que no se revirtiera la estrategia inversora. En ambos casos, el nivel de prestación está todavía muy por encima de los parámetros que exige el marco regulatorio y que, en el caso de los usuarios residenciales, penaliza las interrupciones cuando son más de diez cortes en un año con una duración por encima de diez horas.
La verdadera sensibilidad del sistema eléctrico está en la limitada capacidad del transporte y la generación, a la que el Gobierno trató de alentar con una serie de medidas en los últimos tiempos. Según el último informe de riesgo de Cammesa, si en el año 2007 no entran en servicio las dos centrales de ciclo combinado que se proyecta construir con el dinero que esa administradora estatal asumió deberles a las usinas térmicas, podría producirse un verdadero colapso. Por ahora la potencia instalada es superior a la demandada. Pero esta brecha favorable podría esfumarse rápidamente en la medida en que la reactivación aliente la demanda.
Las distribuidoras hoy están en condiciones de prometer más fondos para su sector, animadas por la carta de entendimiento que ya firmaron Edelap y Edesur y que también aceptaría Edenor cuando Dolphin se pueda hacer cargo formalmente del paquete mayoritario de Edenor, posiblemente en septiembre. En virtud de estos acuerdos, las empresas podrían acceder en breve a un aumento del 28 por ciento en el margen de distribución, que se traducirá en un ajuste del 15 por ciento sobre todos los usuarios, salvo los residenciales.
Pero la verdadera zanahoria para las empresas es la revisión tarifaria integral, que las dos firmantes del entendimiento ya comenzaron a discutir con el Gobierno sobre bases bastante auspiciosas. Entre otras condiciones –además de la amplitud del alcance– se les permitirá traducir al precio final los mayores costos que enfrenten, un paraguas para no absorber, por ejemplo, el encarecimiento de la energía mayorista. Hasta que ese nuevo cuadro no esté listo, ninguno de los accionistas extranjeros que demandaron al Estado ante el Ciadi por los costos de la devaluación renunciará a su millonario reclamo (AES, Endesa y EDF). Como gesto de voluntad, eso sí, por ahora sólo “suspenderán”.