Previsiblemente, el grueso del empresariado argentino es poco proclive a convalidar la intervención del Estado en la economía mediante la gestión de empresas al estilo de Enarsa. Tampoco entraña sorpresa que las más prósperas firmas del país apoyen una recomposición tarifaria general en los servicios públicos, que debería concretarse “antes de fin de año”. Lo que es menos obvio es que los quinientos consultados en una flamante encuesta de la Universidad Austral opinen que esos ajustes deben ser inferiores al 10 por ciento en el caso de la telefonía y el agua, muy por debajo de las subas que el Gobierno estaba dispuesto a convalidar para este último servicio hasta que abortó el acuerdo con Aguas Argentinas, eso sí, a partir del 2006. Hay casi un clamor por que aumente el gas.
El sondeo fue realizado por el Centro de Gobierno, Empresa, Sociedad y Economía de la escuela de Dirección y Negocios de aquella casa de estudios entre las quinientas empresas que más facturaron durante el año 2004. La muestra excluyó a las prestadoras de servicios públicos, AFJP, aeropuertos, petroleras u otras “que están sujetas a regulación”, en un intento por garantizar la objetividad de las respuestas. Aquí, los resultados globales.
El 70 por ciento de los empresarios consideró que el precio de los servicios públicos debería incrementarse antes de fin de año, aunque en una proporción distinta según los casos. Hubo un aval abrumador a una recomposición en los precios del gas: el 60 por ciento apoyó una suba entre el 10 y el 25 por ciento, mientras que un 17 por ciento adicional admitió subas de hasta el 50 por ciento. No parece tallar en esos juicios la suba que tuvo ese carburante en boca de pozo o el extraordinario cargo adicional (de entre el 70 y 80 por ciento) que pagan algunas industrias a las transportadoras para costear la ampliación de los ductos.
Algo similar ocurre con el servicio eléctrico. El 57 por ciento de los consultados entiende que las tarifas deberían mejorar entre un 10 y un 25 por ciento, mientras que un 9 por ciento se anima a admitir incrementos de hasta el 50. Lo singular es que tanto el gas como la luz son insumos claves para la industria y, en muchas de las empresas consultadas, constituyen una parte importante de sus costos.
Quizá la verdad esté correctamente señalada por los autores del trabajo, los profesores Ariel Casarin y Luciana Nicollier, quienes explican esta aparente contradicción de intereses en el hecho de que las empresas priorizan recibir esos insumos “en tiempo y forma” y para ello están dispuestas a pagar más. Tal vez la clave esté en otro trabajo, de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que prueba la magra incidencia que tendrá en los costos industriales el aumento del 15 por ciento que consiguieron las distribuidoras eléctricas en sus recientes acuerdos de renegociación.
O, simplemente, la cuestión es que la compulsa de la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral no distinguió entre categorías de tarifas. Y a los grandes usuarios bien les vendrían aumentos que involucren también a los usuarios residenciales, algo que permitiría disminuir la presión sobre las industrias y comercios, por ahora los únicos afectados por los incrementos autorizados para gas y luz.
Pero ese respaldo para recomponer precios es muy diferente a la hora de juzgar la telefonía fija y el agua potable. El 77 por ciento de las empresas que más facturan, según el ranking de la revista Mercado –tomado como base para confeccionar la muestra–, opina que el servicio telefónico merece un ajuste más magro, que va entre el 0 y el 10 por ciento.
Ese mismo techo señaló el 60 por ciento de los entrevistados cuando se le preguntó sobre el agua. Un juicio que se da de bruces con lo que la propia Unidad de Renegociación de Contratos había convenido con el grupo accionario liderado por la francesa Suez, hoy en retirada: aplicar dos subas, del 20 y 15 por ciento, aunque a partir del año próximo. Si la opinión de las grandes empresas pudiera torcer las decisiones oficiales, Julio De Vido tampoco podría pensar en una reestatización del servicio de Aguas Argentinas (algo en rigor está lejos del ánimo oficial). Nueve de cada diez opinó que el Estado “no brindaría un servicio mejor al de las empresas privatizadas” y el 70 por ciento está en contra de que sea propietario de una empresa de energía, directo cuestionamiento a la creación de Enarsa.