Una mujer se encadenó ayer en el cuarto piso del Palacio de Justicia, donde funciona la Corte Suprema, en reclamo de la suspensión del remate de su vivienda, previsto para hoy por un tribunal. “No hay voluntad de arreglar problemas como éste, ya golpeé puertas en todos lados. Van a tener que pasar sobre mi cadáver para quitarme la casa”, dijo Mabel Marchisio, que esta tarde se encontraba encadenada en el acceso al despacho de la jueza Carmen Argibay, integrante de la Corte.
La vivienda de Marchisio está situada en Gorostiaga y Cabildo de esta capital y será subastada mañana pese a que, según la deudora hipotecaria, ha conseguido un refinanciamiento de sus obligaciones y paga puntualmente al fideicomiso que administra el Banco Nación.
Marchisio, de unos 50 años, llegó a esa instancia rehén de un conflicto de poderes. Porque la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró la inconstitucionalidad de la ley aprobada el año pasado mediante la cual el Estado nacional refinanció deudas hipotecarias para vivienda única –a través de un fideicomiso administrado por el Banco Nación–. Y así ordenó subastar la vivienda de la mujer para cancelar una deuda de 30 mil dólares en favor de un acreedor privado.