La semana que pasó el Banco Central, como querellante en la causa “Moneta, Raúl y otros s/ asociación ilícita”, presentó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral un pedido de pronto despacho para que convocara a prestar declaración indagatoria al ex banquero y restantes miembros del directorio del Banco República. Pese a haber transcurrido más de seis años desde que la causa comenzó a tramitarse en Buenos Aires, los principales implicados en el affaire no fueron convocados por la Justicia. En realidad, las declaraciones fueron ordenadas pero todo quedó reducido a papel mojado, puesto que jamás se les puso fecha. Según pudo saber Página/12, si el magistrado continúa sin enviar las citaciones, el BCRA estaría dispuesto a recurrir a la Cámara.
Fuentes del juzgado refirieron que el escrito de los abogados del Central es un detalle pormenorizado de todas las solicitudes formuladas a Canicoba Corral. En cada una de las ocasiones, la respuesta se limitó a una fórmula de circunstancias o a un pedido de ampliación de informes.

Señoría, teléfono

A fines de junio de 2005, luego de obtener del Banco Central de Bahamas la confirmación de que el Federal Bank (una offshore que, durante el menemismo y en colaboración con el República y el Citibank, sirvió para triangular miles de millones de pesos/dólares) pertenecía a Moneta y a su tío y socio Benito Jaime Lucini, el gerente de Asuntos Jurídicos del BCRA, Marcos Moiseeff obtuvo la venia del presidente Martín Redrado para que la entidad pudiera ser admitida como querellante en la causa iniciada a raíz de la estrepitosa caída de los bancos Mendoza y República, ambos pertenecientes al actual socio de Canal 9 América TV, promotor de los caballos bailarines y símbolo del desmadre financiero del menemismo. El BCRA estaba para ello doblemente legitimado: por un lado había concedido cuantiosos redescuentos a los bancos de Moneta, poco antes de que éstos tuvieran que cerrar sus puertas, y por otro había sido engañado por los principales directivos del banco mayorista (el República) que juraron y perjuraron (incluso ante notarios) que nada tenían que ver con el Federal Bank. De haberlo sabido –sostuvieron los funcionarios querellantes– muy otra hubiera sido la actitud del BCRA frente a los requerimientos de asistencia realizados por Moneta y muy otras las condiciones que hubiera impuesto en el hipotético caso de concederla.
A partir de ese momento (junio de este año), los abogados con Moiseeff a la cabeza insistieron en que debía darse cumplimiento a las órdenes de indagatoria que, si bien habían sido ordenadas nunca habían sido fechadas ni enviadas y tampoco dejadas sin efecto. Estaban en la causa al solo efecto de cubrir una formalidad. Canicoba arguyó que el Central aún no había contestado un oficio librado por su juzgado a fines de julio. Pocos días después, a principios de agosto, con el fin de terminar con las dilaciones, el BCRA volvió a enumerar el listado de violaciones a la normativa en que había incurrido por ignorar los vínculos existentes entre el Banco República y el Federal Bank. Aprovechando la volada, el BCRA reiteró la necesidad de fijar fecha para las audiencias. Canicoba , a su turno, quiso saber a cuánto ascendían los “cargos” (multas por infracción a las relaciones técnicas) resultantes del ocultamiento. Respecto del pedido de indagatorias, indicó “se tiene presente”.
El BCRA puso en manos del magistrado los números que faltaban: la mentira de Moneta y su tío había dado origen a “cargos” por 140 millones de pesos (a estas fechas, unos 46 millones de dólares). En la misma nota, el Central replanteó la cuestión de las indagatorias. El juez, desafecto a las innovaciones, repitió la frase: “téngase presente”. En vista de lo infructuoso de sus intentos, el jueves 20 el BCRA presentó a Canicoba un pedido de pronto despacho. El juez tiene ahora tres días hábiles para expedirse. De lo contrario, los presentantes quedan facultados para recurrir a la Cámara, que será así la que resuelva si, después de seis años, procede o no que Moneta y Lucini expliquen por qué negaron la propiedad del Federal Bank.

Casualidad permanente

Para que el staff del área de judiciales no fuera a deducir que convertirse en querellante de banqueros fallidos era coser y cantar, los primeros pasos de Moiseeff en la búsqueda de la conexión entre el Federal Bank y el Banco República desataron las furias de Moneta y sus allegados: la pequeña “Edición i” le dedicó algunas de sus ediciones y las inmediaciones del BCRA se cubrieron de volantes denunciando el enriquecimiento ilícito y “las cuentas ocultas” del abogado del Central. Moiseeff presentó una denuncia por calumnias e injurias que resultó desestimada por el juez Norberto Oyarbide y también por el fiscal Carlos Cearras, quien le sugirió iniciar una acción privada con la que, quizás, tuviera más suerte.
Sí, en cambio, fueron atendidos dos anónimos que por pura casualidad llegaron al juzgado federal 1 de Romilda Servini de Cubría. En realidad, el primero no “llegó” sino que fue “hallado” entre las fojas de un expediente. Ese anónimo, descubierto a fines del año pasado, adjuntaba la información de un aumento de capital de las bodegas Peñaflor –ligadas a Moneta– publicada en el Boletín Oficial. El texto que acompañaba el recorte se internaba en conjeturas descabelladas: sostenía que ese aumento de capital debió haberlo advertido y denunciado el gerente Moiseeff puesto que licuaba el valor de las acciones que el BCRA tenía prendadas como garantía de un crédito. El segundo anónimo (entregado dentro de un sobre a la secretaría privada de “la Chuchi”) giraba en torno de supuestas comisiones que funcionarios del banco habrían exigido como contraprestación para autorizar asistencia financiera a bancos en apuro, entre ellos el Banco General de Negocios, propiedad de los hermanos Carlos y José Rohm y eje de una causa que se sustancia, precisamente, en el federal 1. La segunda cuota de los redescuentos otorgados, “la más chica”, especificaba, se repartía entre un par de directores y el personal de “asuntos jurídicos con Moiseeff a la cabeza”. Ni corta ni perezosa, Servini tomó el anónimo –escrito en el mismo tono policial que el primero y con las mismas muletillas– y lo envió al fiscal Luis Comparatore. Comparatore desestimó su contenido, por disparatado y por anónimo. Pero Moiseeff contraatacó: solicitó una investigación preliminar y propuso, entre otras medidas, que se cite a declarar a la secretaria de la jueza para que relate cuándo y cómo aterrizó el sobre en el juzgado.