El pacto social entre la Unión Industrial Argentina y la CGT para controlar precios y salarios va camino a convertirse en un nuevo fracaso. Después de que las partes lanzaron la propuesta el 24 de octubre pasado, nunca más volvieron a reunirse, ni tienen ningún encuentro agendado para el corto plazo, y sólo crece la desconfianza mutua. El entusiasmo inicial por imitar la experiencia española de concertación se fue desdibujando en la medida en que quedaron claras las diferencias entre unos y otros. La actitud prescindente del Gobierno, que no censura el diálogo, pero tampoco lo promueve, y peleas internas dentro de la central sindical completan el cuadro.
Los más interesados en establecer una tregua por seis meses son los empresarios. Su idea es que durante ese período no haya aumentos de precios, sobre todo en productos esenciales como alimentos y bebidas, y que a cambio, los sindicalistas resignen sus reclamos de recomposición de haberes. Una vez pasado ese período, los cámaras patronales accederían a reconocer en paritarias la inflación pasada, que supuestamente debió haber sido baja por el virtual congelamiento de un universo amplio de bienes.
El paraguas –según la versión de la UIA– debería funcionar como un ancla para la inflación mientras maduran las inversiones y el Gobierno sigue dando señales de profundización del modelo de desarrollo productivo.
El esquema tiene un problema de base: el Poder Ejecutivo no quiere involucrarse y sin ello está visto que es muy difícil avanzar. “Si el Gobierno no actúa con cierto interés, nadie se juega a asumir compromisos”, reprochó en diálogo con Página/12 uno de los conductores de la central fabril. Desde filas sindicales hicieron una evaluación similar.
La respuesta de la Casa Rosada y también del Ministerio de Economía fue que el Gobierno se aparta, porque no cree que los dirigentes empresarios y gremiales tengan real capacidad para llevar adelante una institución como el Consejo Económico Social español, ni tampoco para prosperar en un acuerdo de corto plazo. Por lo tanto, no está dispuesto a arriesgar capital político en una empresa que estima poco viable por las propias falencias de sus protagonistas.
La UIA hará algún movimiento en los próximos días para cambiar esa situación y conseguir aunque sea un gesto de apoyo de Néstor Kirchner o de Roberto Lavagna. Será casi un último intento por reflotar la propuesta, que se resiste a dejar en el olvido. El interés de los industriales es proteger los márgenes de ganancias conseguidos después de la devaluación. De allí su planteo de congelar en el tiempo la situación actual, antes de que se desate una puja distributiva que les vaya mordiendo parte de sus utilidades. De acuerdo con su versión, un proceso “descontrolado” de peleas por salarios provocará una espiralización inflacionaria que resultará perjudicial para todos.
Sin embargo, los industriales ven un obstáculo en la situación interna de sus interlocutores para ir adelante. El enfrentamiento entre Hugo Moyano y los “gordos” de la CGT impide que el sector sindical unifique criterios para sentarse a la mesa de negociaciones. El líder camionero dedica más esfuerzos a ganar terreno para su sindicato, a costa de otros gremios, que a ponerse a conversar sobre la evolución de precios y salarios, rezongan en la UIA.
Dirigentes como Armando Cavalieri (comercio) y Rodolfo Daer (alimentación) quedaron enfrentados con Moyano luego de las disputas por el encuadramiento sindical de los trabajadores de Carrefour y Coca-Cola. Los gremios industriales, como metalúrgicos, automotrices, textiles, calzados, plásticos y de la alimentación son los más dispuestos a conformar un Consejo Económico Social porque su actividad está en franco crecimiento y paulatinamente fueron consiguiendo mejoras de ingresos. Pero le escapan a quedar como moderados frente a otros sindicatos más combativos, como el del propio Moyano.La UIA pedirá la intervención de Kirchner para encuadrar al secretario general de la CGT, quien ya dio señales de que el acuerdo con la UIA no es su prioridad. Cuando este diario reveló a fines de octubre que la propuesta de la central fabril consistía en evitar cualquier aumento por 180 días, Moyano emitió un comunicado para rechazar esa posibilidad y dijo que el único compromiso de la CGT era “apoyar un proceso productivo con inclusión social”. Tras esa declaración, casi no tuvo más diálogo con los empresarios.
Desde la CGT también transmitieron su enojo con la actitud de la UIA porque, según afirman, “operó en el Ministerio de Economía para cambiar el proyecto de ley de riesgos del trabajo y reducir la doble indemnización”. Ambas medidas fueron adoptadas por Lavagna el último jueves, con apoyo presidencial.