ECONOMíA
El proyecto antievasión de Montoya va hoy al Senado
Vigilancia electrónica de la facturación e incautación de bienes sin orden judicial son algunos de los mecanismos que Ingresos Públicos espera que el Senado provincial vote en la sesión de hoy.
› Por Cledis Candelaresi
La Legislatura bonaerense podría sancionar hoy el nuevo Código Fiscal que, a instancias del subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, incluye varios ítem polémicos para reforzar las potestades recaudatorias de Rentas. Uno de ellos es la pretendida facultad de instrumentar la “vigilancia electrónica” en las grandes empresas productoras, mecanismo que debería permitirles a los inspectores provinciales estar on line con su facturación y el despacho de mercaderías. La iniciativa que tratará el Senado de la provincia también confiere a la dependencia bajo la órbita de Felipe Solá nuevas atribuciones para combatir a los evasores, cuyos bienes podrían ser incautados sin necesidad de orden judicial.
Casi todos los renglones del texto que ya tiene el aval de Diputados están inspirados en el modelo recaudatorio de Francia, del que Montoya está visiblemente enamorado. El 97 por ciento del cumplimiento tributario demostrado por los contribuyentes galos resultaría tan contundente como el contenido de las leyes para promoverlo, esas que Rentas intenta replicar en la provincia de Buenos Aires.
La vocación de inmiscuirse en tiempo real en la facturación de las industrias que operan en territorio bonaerense se inspira en la sospecha de que la mitad del consumo de los hogares bonaerenses se hace a través de comercios ilegales, en los que se venden también primeras marcas. Así el círculo de la informalidad se cerraría también sobre grandes empresas productoras, que alimentarían esa economía subterránea.
Para combatir esa transgresión, el proyecto propone el acceso on line a los que facturan y despachan, incluyendo la instrumentación de un código de transporte que el vendedor debe obtener con su CUIT y el del comprador, luego de precisar la cantidad de mercadería involucrada en la operación. El operativo incluye una etapa en la que entran a tallar las Kangoo de los inspectores bonaerenses, que pueden sorprender en la ruta a los camiones transportadores para controlar que el código obtenido se corresponda con lo que efectivamente están transportando. En esto no habría improvisación: los inspectores bonaerenses estuvieron entrenándose en Chile, donde esta tarea de fiscalización se hace con el apoyo de los carabineros.
La intención es introducir un riesgo y con él disuadir. Además de afectar a las productoras, la medida podría extenderse a las comercializadoras, categoría en la que se incluyen tanto los hipermercados –con los que Rentas tiene varios pleitos pendientes– como los expendedores de combustibles, a los que Montoya mira con bastante celo. Pero si los senadores bonaerenses finalmente dan hoy su respaldo al proyecto, la provincia también contaría con otras temerarias medidas para reforzar la recaudación, bajo la égida del enfático secretario:
- Responsabilidad solidaria de los bancos en los que tengan radicadas sus cuentas los evasores. En función de esto, se podrá sancionar a la entidad que permita hacer extracciones a sus clientes antes de que llegue la orden judicial para disponer de su cuenta. Desde la óptica de la provincia, éste es un percance habitual que sufre también la Afip, debido a presuntas filtraciones de información que se producirían desde los bancos, que suelen avisarles a sus clientes del inminente embargo de su dinero.
- Incautación de los bienes sin orden judicial. Según la visión de Montoya, no se trata de una facultad extraordinaria, sino de una herramienta que ya está usando la Administración Federal de Ingresos Públicos que, en lo que va del año, ya habría realizado “127 mil embargos” en función de aquella habilitación. Rentas hoy ya puede incautar la mercadería en tránsito de un medio de transporte si detecta que está infringiendo la normativa, “hasta que un juez confirme la medida”.
- Embargo directo de la cuentas a cobrar. El nuevo código prevé confiscar el pago que una empresa haga a su proveedor, del mismo modo que la legislación hoy ya faculta a capturar una porción de la caja de un comercio deudor del fisco. Desde la perspectiva de Montoya es una manera de equilibrar los tantos entre grandes y chicos.
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