No hubo cruces verbales ni amenazas de medidas de fuerza, tampoco chicanas ni demandas por promesas incumplidas. Ni siquiera reclamos de moderación en nombre de la paz social o de alguna forma de institucionalidad amenazada. La primera reunión de Felisa Miceli con Hugo Moyano y otros diez miembros del Consejo Directivo de la CGT que preside el camionero no tuvo ninguno de los rasgos que caracterizan un encuentro de un ministro de Economía con la cúpula de una central sindical. En tono amable, con intervenciones serenas, que siguieron puntillosamente un temario previamente elaborado, la CGT repasó la agenda de los temas que infructuosamente intentó acordar con Roberto Lavagna y en los que espera tener mejor suerte con su sucesora. Rebaja del IVA en consumos básicos, elevación del mínimo no imponible en Ganancias y una propuesta de seguro de desempleo encabezaron la lista. Por el lado de la ministra, acompañada por Oscar Tangelson, su segundo, la sugerencia fue trabajar en conjunto para combatir el empleo en negro. La noticia, sugerentemente, es que de salarios ni se habló.
Ninguno de los trece participantes de la mesa se quedó sin hablar. Rodeados de la formalidad del Salón de Cuadros del Palacio de Hacienda, donde no se había descuidado ningún detalle del Ceremonial –cada miembro del Consejo Directivo tenía su lugar reservado, con un cartelito con su nombre y apellido–, los participantes se explayaron sobre una multiplicidad de temas durante una hora y cuarto. Pese a lo cargado de la agenda, dos asuntos dominaron el encuentro. Uno, propuesto por la CGT enfáticamente, fue la demanda de subir el mínimo no imponible (la parte del sueldo sobre la que no se paga impuesto) en el gravamen a las Ganancias personales, hoy por debajo de los 1800 pesos para el trabajador soltero. El otro, propuesto por la ministra, fue el referido al combate al empleo en negro.
Según los representantes gremiales, el tema del Mínimo No Imponible puede llegar a generar conflictos a muy corto plazo –“no más allá de febrero”– sobre todo en la Patagonia, donde a raíz de las diferencias salariales por zona desfavorable, los trabajadores petroleros, del transporte y la construcción, entre otros, cobran salarios mínimos de 2000 pesos “que no son gran cosa por el costo de vida en la región”. Los dirigentes le recordaron que el propio Presupuesto 2006 contemplaba la posibilidad de aplicar partidas compensatorias a alguna modificación de las normas impositivas que resintieran la recaudación. Miceli tomó nota, aunque les aclaró que la intención oficial es llevar el esquema tributario hacia un modelo semejante al que aplican países como Chile o Canadá, en los que el pago de impuestos por los asalariados es lo corriente.
Según voceros del Palacio de Hacienda, la cuestión que abarcó el capítulo más extenso del encuentro fue el referido al empleo en negro y las políticas para combatirlo. Miceli tuvo su más larga intervención al tocar este punto, exponiendo la necesidad de eliminar el trabajo ilegal desde tres planos diferentes: por la injusticia que provoca la competencia desleal con respecto a las firmas que cumplen con las leyes laborales; porque usualmente el empleo en negro va de la mano de la facturación en negro y por la pérdida de derechos laborales que esta práctica promueve y generaliza en el mercado laboral.
Juan Manuel Palacios, secretario gremial, respondió recordando que la CGT había participado en la elaboración de proyectos de leyes discutidas en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que sin explicación quedaron congeladas. Entre ellos mencionó el de accidentes de trabajo y una propuesta de seguro de desempleo, que según señaló Palacios también aportaban al combate del trabajo en negro.
Por la mesa de diálogo pasaron, en una sucesión casi interminable y “al galope” –como definió uno de los participantes–, otros temas que también preocupan a la CGT, como los haberes jubilatorios sin ajuste desde hace más de una década, el nivel de las asignaciones familiares y el pedido de exención del impuesto al cheque a las obras sociales. Hubo referencias de Felisa Miceli al seguimiento de los precios de bienes de consumo masivo –evitó hablar de controles– cuando los cegetistas pidieron rebaja del IVA para los productos más sensibles.
Algunos recordaron los choques de Lavagna con Moyano cuando el primero responsabilizó a los aumentos de salarios de ser causantes de la inflación. Ayer, parecían recuerdos lejanos. Desde las filas cegetistas se consultó, casi tímidamente, si se convocaría al Consejo del Salario para discutir el mínimo vital. “Sí, pero por ahora sin fecha”, respondieron los representantes oficiales. Por si hiciera falta, un alto dirigente sindical aclaró que “no estamos planteando ninguna urgencia”. Todos salieron conformes. Felisa, una vez más, sonrió.