Apenas Rentas bonaerense aliste los aplicativos del sistema informático y una disposición normativa específica, podrá instrumentar el “régimen de vigilancia electrónica” sobre las empresas que operan en el territorio de la provincia, conociendo en tiempo real su facturación y movimiento de mercaderías. El “procedimiento espía” para evitar la evasión, que comenzará a instrumentarse sobre “dos sectores muy poderosos” que por ahora Ingresos Públicos no quiere precisar, es sólo una de las atribuciones especiales que le confirió a aquella dependencia el flamante y controvertido Código Fiscal sancionado el martes por la Legislatura.
Las polémicas disposiciones del Código son en gran medida replicadas por la Ley de Apremio Fiscal, que establece un procedimiento judicial para las cobranzas y también aprobada antes de ayer. La cuestión medular es que a través de ellas se le reconoce a Rentas la posibilidad de secuestrar bienes de los morosos, desde vehículos a los fondos de las cuentas corrientes, sin que medie orden judicial. Esta subversión de la secuencia habitual fue lo que ayer motivó las críticas más airadas.
“Es una degradación del estado de derecho”, opinó el profesor de Derecho Penal de la UBA Oscar Vicente Díaz. “Es una barbaridad, un atentado que bastardea la Constitución”, se crispó el ex jefe de Los Intocables de la DGI, Luis María Peña. “Son acciones que deben encarar los jueces, no la administración”, embistió el magistrado platense Luis Arias.
Del otro lado, una de las defensas más contundentes se escuchó en boca del ministro del Interior. “Hay que ponerse”, fue la coloquial síntesis a la que apeló Aníbal Fernández para justificar la vocación recaudadora exhibida por Montoya, promotor del nuevo marco fiscal. La clave, a juicio del titular de la cartera política, es que los objetados secuestros son sólo “una medida cautelar”, que por ello no vulneran el derecho de propiedad.
La realidad es que Rentas puede capturar los bienes de los morosos por un término máximo de sesenta días, dentro de los cuales la medida debe ser convalidada por un juez. Para ello, el fisco bonaerense sabe que junto a esa captura debe iniciar la correspondiente demanda judicial, para evitar que cuando expiren los dos meses el bien quede liberado y la deuda sin cobrar. Así habría un embargo administrativo que sólo puede mantenerse en la medida que los tribunales lo convaliden, lo que vendría a resolver la superposición de competencia entre ambos poderes.
El foco se puso básicamente sobre la posibilidad de secuestrar vehículos cuyos titulares deban Patentes, siempre y cuando la unidad sea de un modelo posterior al 2000 y cuya valuación no baje de 35 mil pesos. Según un ejercicio que hizo Ingresos Públicos hace unos meses, existen entre 2500 y 3000 coches de más de 50 mil pesos con mora en el gravamen. La idea ahora es publicar el listado de esos y algunos otros deudores que, desde ese momento, tendrán siete días para regularizar su situación. Si no lo hacen, corren el riesgo de que su auto termine en un depósito policial, capturado por un inspector de Rentas.
Esa discusión eclipsó otras sobre otros puntos urticantes de la nueva legislación, como el que establece la responsabilidad solidaria de los bancos para con sus clientes en mora con el fisco: si vacía sus cuentas inmediatamente antes de un embargo dispuesto por Rentas, el banco debe responder por él. O la del control online sobre la facturación de industrias, comercializadoras y distribuidoras.
La intención es desbaratar por esta vía el circuito de economía informal que opera en el territorio bonaerense y en rubros tan diversos como alimentación o combustibles, por citar algunos ejemplos. Siempre y cuando las empresas que el fisco planea someter a esa vigilancia informática no encuentren un amparo legal para bloquear la intromisión.