Las entidades ruralistas se declararon en “estado de alerta” por el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) en la provincia de Buenos Aires. La suba llega hasta 120 por ciento en las zonas productivas más ricas, mientras que en otras localidades los incrementos van del 40 al 90 por ciento e incluso algunas quedan exentas del ajuste. La medida fue aprobada por ley, a pesar de la fuerte presión de los empresarios agropecuarios. El gobierno provincial defendió la iniciativa. Argumenta que, a pesar de la suba, el gravamen representa menos del 10 por ciento de la carga tributaria total del productor.
“La voracidad fiscal hacia el campo no tiene límites”, protestó la Federación Agraria Argentina, que nuclea a los pequeños chacareros, y advirtió que, “a partir de ahora, serán las bases las que dispondrán los pasos a seguir”. La amenaza de movilizaciones de protesta fue repetida por las principales entidades del sector. La Mesa Agropecuaria de Buenos Aires, que agrupa a varias de ellas, decretó el “estado de alerta” para unos 100 mil productores de la provincia.
La modificación al IIR dispuesto por la Legislatura bonaerense, a instancias del Ejecutivo, establece aumentos en la alícuota del tributo en función de distintos parámetros de productividad de la tierra. En parte, el malestar de los productores es por “la falta de conocimiento oficial” respecto del potencial de cada zona, debido a que muchos campos localizados en el noroeste provincial fueron castigados por sequías e inundaciones que, desde mediados de la década del ’80, “recortaron fuertemente la productividad zonal”, dijeron los integrantes de la Mesa Agropecuaria.
Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural, agregó que la suba del impuesto “supera en un 90 por ciento la inflación desde que cayó la convertibilidad”, ya que hubo ajustes en 2002 y 2005. “A ello se suma la creciente presión fiscal nacional –con las retenciones a las exportaciones– y las tasas municipales”, puntualizó el dirigente.
La respuesta del gobierno de Felipe Solá corrió por cuenta del ministro de Asuntos Agrarios, Raúl Rivara, quien pidió “medir la real dimensión de este aumento, porque pareciera que significara una asfixia para el productor y no lo es”. Lo primero que puntualizó fue que, a pedido de las entidades ruralistas, el Ejecutivo decidió elevar la alícuota del gravamen en lugar de aplicar un revalúo de los campos. De ese modo, la presión impositiva es menor.
“En Pergamino –ejemplificó Rivara– el avalúo es de 1000 dólares la hectárea, cuando ahí no se consigue campo por menos de 7000 u 8000 mil dólares.” El ministro agregó que en esa localidad “el Impuesto Inmobiliario Rural va a pasar de 36 a 65 pesos por hectárea” y remarcó que se trata de “un lugar donde hubo un rendimiento de entre 240 y 300 pesos la hectárea, después de retenciones”. Así, puso de relieve que “si hubiera aumentado el valor del bien, hubiera significado que muchos productores tenían que empezar a pagar Bienes Personales”. Finalmente, el funcionario afirmó que “la carga impositiva aun con este aumento no llega al 10 por ciento de lo que el productor tributa”.