Ante los industriales, la ministra prometió respaldo para encontrar propuestas comunes a temas pendientes. Y advirtió que estudiará las políticas de precios de algunas firmas con posición dominante.
› Por Claudio Zlotnik
Felisa Miceli sentó a su izquierda a Estela Palomeque, flamante secretaria Legal y Administrativa de Economía, y así evitó quedar como la única mujer frente a los 16 hombres de la Unión Industrial. El almuerzo duró dos horas y media y, a los postres, la ministra y sus anfitriones coincidieron en que fue una reunión, la primera que se realiza en la sede de la UIA desde que asumió Miceli, “muy positiva”. Tanto, que esta misma tarde funcionarios del equipo económico volverán a comunicarse con la central fabril para empezar a darles forma a algunas de las ideas que ayer empezaron a bosquejarse. Los empresarios quieren medidas para llevar a cabo un shock productivo. El paquete incluye un control sobre los salarios y una moratoria impositiva para pymes.
La comida empezó con una larga exposición de Miceli. El tema central fue la inflación y el plan para desinflar las expectativas de aumentos. Al respecto, hizo una defensa de los acuerdos de precios: “No nos vamos a meter en la vida interna de las empresas, pero a veces notamos que algunos hacen su propia previsión inflacionaria”, dijo, dando cuenta de que hay empresarios que aumentan por las dudas, sin ninguna justificación. “Se aprovechan de una situación dominante o de la mayor demanda. No vamos a poner en peligro el modelo que tanto sacrificio costó.”
A continuación, la ministra enmarcó a los acuerdos de precios como “una herramienta”. Y señaló que esos convenios podrían dar “un horizonte de un año hasta que maduren las inversiones”. El diagnóstico es claro: durante 2006, los privados deberían inyectar capital para incrementar la oferta de productos, de manera de desarmar los cuellos de botella que presionan sobre los precios.
A partir de ese momento se sucedieron los oradores entre los empresarios –hablaron 12 de ellos– y quedó armada una agenda pro inversión. La ministra se comprometió a analizar los temas, pero no dio una respuesta definitiva hasta conocer más detalles.
- Financiamiento. Miceli recordó que están disponibles 1500 millones de dólares del Banco Nación a tasas accesibles. Los empresarios pidieron que las AFJP destinen parte de su recaudación mensual, superior a 300 millones de pesos, para proyectos de inversión. Miceli asintió. Agregó que sólo el 3 por ciento de las inversiones de las AFJP se encuentran a largo plazo. “Acerquen propuestas”, pidió.
- Ley de Riesgo de Trabajo. Los empresarios aseguran que existe un vacío legal después de que la Corte declaró inconstitucional la imposibilidad de que el trabajador accidentado litigue ante la Justicia. Quieren que haya una única opción: o aceptar el pago de la ART o ir a la Justicia. Pero rechazan la denominada “doble vía”.
- Moratoria. La UIA reclamó plazos más extensos y tasas más bajas para refinanciar las deudas impositivas de las pymes. Argumentan que, sin la mirada del FMI, ahora el Gobierno podría otorgar ese beneficio.
- Salarios. Reclamaron ponerle límites a la “puja distributiva”. Argumentan que en la industria la recomposición salarial aumentó en términos reales. Una idea es que empresarios y gremios acuerden un índice por el cual se ajusten los salarios. Por ejemplo, en función de la productividad. “Queremos previsibilidad”, definió un empresario, en diálogo con este diario.
El ala más ortodoxa de la UIA, encabezada por Funes de Rioja y Cristiano Ratazzi, volvió con los reclamos más clásicos: la eliminación del impuesto al cheque, el ajuste por inflación en los balances impositivos y eliminar las retenciones a la exportación.
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