Por mario rapoport *

En un país de memoria frágil pero de ingenio rápido aún repercuten frases que tuvieron gran popularidad y revelan quiénes fueron los principales beneficiarios de políticas económicas implementadas en décadas recientes. Tal el caso de la llamada “patria contratista”, que se refiere a aquellos que hicieron negocios lucrativos aprovechando favores públicos por medio de contratos con el Estado. O el de la no menos notoria “patria financiera”, que señala a quienes la política de Martínez de Hoz, el endeudamiento externo y la convertibilidad les permitieron amasar grandes fortunas a través de maniobras puramente especulativas.
Ambos casos tuvieron un antecedente importante, porque sirvió para modelar institucional y económicamente el país que heredamos y las “patrias” subsiguientes: me refiero a la casi olvidada “patria agropecuaria”, que predominó entre las últimas décadas del siglo XIX y la llegada del peronismo, a mediados de los ’40, pero que influyó también en etapas posteriores. En momentos en que vuelve a hablarse del negocio de las carnes, y de la intervención del Estado en la fijación de sus precios, no es ocioso recordar esa época caracterizada por el predominio de grandes familias de estancieros en la política argentina, la hegemonía de frigoríficos extranjeros en la altamente rentable industria de la carne y la existencia de un comprador casi exclusivo para sus productos, el Reino Unido.
Esto dio lugar a luchas por la fijación de precios, sobre todo por parte de los frigoríficos y de éstos en alianza con los más grandes ganaderos, los “invernadores”, denominadas significativamente “guerra de carnes”. Los conflictos principales eran entre los frigoríficos norteamericanos y los ingleses, que querían mayores porciones del mercado británico y, en función de eso, determinaban los precios para la compra de ganado a los productores locales y para la venta interna y en el exterior. Esta competencia terminaba generalmente con un acuerdo entre los frigoríficos, denominado “pool”, que incluso perjudicaba a muchos ganaderos. La cuestión llegó a un punto tal que en 1929, la Sociedad Rural Argentina (SRA), principal institución representativa el sector, publicó un informe en el que se criticaba la conducta de las empresas extranjeras y se solicitaba la intervención directa del Estado en la determinación de los precios de las carnes.
Aunque a la Argentina se la conocía entonces como el “granero del mundo”, una de las “zonceras” de nuestro lenguaje criticadas por Jauretche, eran los ganaderos y no los agricultores (en su inmensa mayoría arrendatarios) los que poseían las tierras y tenían en el negocio de las carnes sus mayores ganancias. Tal fue así que cuando EE.UU., por razones pretendidamente sanitarias, impidió la entrada de carnes argentinas en el mercado norteamericano en 1926, la SRA lanzó el lema “comprar a quienes nos compran”, orientando más aún el comercio argentino hacia Gran Bretaña. Este curso de acción se expresó plenamente con la crisis mundial de los años ’30, cuando cayeron las exportaciones cárnicas y los británicos establecieron nuevamente el sistema de preferencias imperiales, que pretendía excluir a terceros países –fuera del imperio– de su comercio exterior. Entonces, los grandes ganaderos empujaron, en 1933, al gobierno conservador de Justo para que firme en Londres el Pacto Roca-Runciman. Este humillante convenio establecía, a cambio de mantener una menguada cuota de exportación de carnes en el mercado británico, concesiones de todo tipo, comerciales y económicas, en beneficio de los intereses del gobierno de Su Majestad, de cuyo imperio económico la elite argentina se sentía parte integrante, según un conocido discurso del vicepresidente Roca.
Pero eso no bastó y la creación de la Junta Nacional de Carnes permitió en forma directa la intervención del Estado, que empezó a comprar a los ganaderos a precios mayores que los internacionales, entonces deprimidos, haciéndose cargo de las pérdidas. Un momento culminante fue el trágico debate en el Congreso de la Nación, en 1935. Allí, el senador Lisandro de la Torre denunció el Pacto Roca-Runciman y diversas maniobras ilícitas de los frigoríficos y tuvo como respuesta el asesinato, en plena sesión parlamentaria, de su colega y amigo Enzo Bordabehere.
Los ganaderos volvieron a hacer “patria” cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, aceptaron la venta de carnes al Reino Unido a cambio de libras “bloqueadas” en Londres, lo que sir Wiston Churchill agradeció rechazando las presiones de EE.UU. para que su gobierno no compre más carnes a un país considerado “fascista”.
Si la llegada del peronismo al poder licuó en parte el poder de los ganaderos, mientras se profundizaba el proceso de industrialización, el derrocamiento de Perón y las crisis de balanzas de pagos a fin de sostener ese proceso, hicieron de la oferta agropecuaria un elemento clave para obtener divisas. Pero esa oferta era altamente inelástica y la mayor rentabilidad y producción del sector requerían sucesivas devaluaciones, que desataban procesos inflacionarios y, en particular, alzas en los precios de los alimentos y de las carnes.
Aun bajo un gobierno militar, el plan Krieger Vasena procuró solucionar el problema de los efectos de una nueva y brusca devaluación estableciendo fuertes retenciones a los productos del agro, entre ellos los cárnicos, pero esto terminó produciendo una disminución de los stocks ganaderos, la restricción de la oferta y un nuevo crecimiento de los precios en el mercado interno, que llevó más tarde a establecer una veda en el consumo de carnes.
Estos episodios muestran que la “patria agropecuaria” –y por muchos años el lema de los Anales de la Sociedad Rural Argentina fue “cultivar el suelo es servir a la patria”– no era tampoco el tipo de patria a la que aspiraban Belgrano, Moreno o San Martín. Es curioso, en todo caso, que se hable peyorativamente de patria para referirse a la identificación del país con intereses corporativos, nacionales o extranjeros, y se la niegue como término que exprese intereses nacionales, es decir, los de la inmensa mayoría de la población. En momentos en que asistimos a un proceso de fuerte recuperación económica, el problema crucial pasa por mejorar la distribución de los ingresos. Para lo cual es necesario reducir los elevados niveles de pobreza e indigencia que todavía tenemos y que cualquier proceso inflacionario contribuye a acentuar. Ahora, ésta es la única forma verdadera de servir a la patria.
* Historiador y economista.