A través de su asamblea de accionistas, Aguas Argentinas decidió ayer levantar la demanda contra el Estado argentino que presentó ante el Ciadi, aunque sin alterar el curso del reclamo que presentaron los accionistas extranjeros que integran la sociedad. Las arcas públicas no se liberarán entonces de la millonaria amenaza, aunque las pretensiones de los socios liderados por Suez podrían reducirse “considerablemente”: la empresa elude número, mientras, oficiosamente, en el Gobierno suponen que ese recorte podría redondear los 400 millones de dólares. Tal como admitió la privatizada, el anuncio fue un gesto para facilitar la negociación “con potenciales compradores”, nómina a la que podría sumarse Roggio.

A pesar de los públicos amagues de retirada, Suez y sus actuales socios aún no dieron ningún paso formal en este sentido y por ahora parecen dispuestos a agotar los esfuerzos para vender todo o parte a un nuevo accionista, algo que desde la óptica oficial es factible y deseable. Según se especula desde el Gobierno, a pesar de la pesada deuda cercana a los 600 millones de dólares, la empresa podría resultar atractiva, eso sí, para un empresario que estuviera dispuesto a tomar riesgo.

Con el compromiso estatal de asumir como propias las inversiones para expandir el servicio, se habría liberado la caja de la empresa en 100 millones de pesos anuales. Si a esto se suma una reestructuración de deuda con quita y período de gracia para este año, la firma podría tener un superávit operativo de entre 140 y 150 millones de pesos anuales, sin ajuste de tarifa este año, según cierta hipótesis oficial.

Una clave para componer ese hipotético cuadro alentador es que la empresa concrete la reformulación de su pasivo externo en términos similares a los que está discutiendo con los organismos multilaterales. Con ellos debate la posibilidad de recomprar deuda por 250 millones de dólares, lo que supone una quita superior al 20 por ciento.

La otra condición para facilitar el traspaso de la concesión a un nuevo socio es levantar la demanda ante el Ciadi que la compañía presentó tras la devaluación y congelamiento de tarifas. El conjunto de accionistas reclamaron un resarcimiento por 1700 millones de dólares invocando la violación de los tratados bilaterales de inversión que Argentina firmó con los países de origen (Francia o España, por ejemplo). Es ese amparo a la inversión extranjera lo que habilita una instancia internacional como el tribunal del Banco Mundial.

Pero, en este caso, el arbitraje también fue subsidiariamente solicitado por Aguas Argentinas, que es una sociedad local y, por lo tanto, amparada sólo por la Justicia argentina: es por ello que una rescisión controvertida del contrato debería resolverse en los tribunales domésticos.

En el curso de la negociación con el Gobierno, cobró cuerpo la idea de deducir de la demanda la proporción que les correspondiera a los accionistas argentinos y, por consiguiente, no protegidos por ningún tratado internacional (el Banco Galicia y los empleados), así como el de la Corporación Financiera Internacional (brazo del Banco Mundial para inversiones en el sector privado), en función de las acciones que cada uno tiene. Sobre esta base, la indemnización podría bajar a 1300 millones.

La empresa ayer eludió precisar este número, pero sí admitió que el anunciado desestimiento tendría ese efecto, así como el fin de facilitar la incorporación de un nuevo socio, que tarda en aparecer. Se habló de fondos de inversión, de Eduardo Eurnekian y de Roggio, este último, tentado sin éxito hace unos meses por el propio gobierno. Si no ocurre este hallazgo, el Estado nacional terminará haciendo lo que ayer hizo el de Santa Fe, que asumió por sí la concesión del servicio de aguas y cloacas que abandonó Suez. Por ahora, entre la empresa y el concedente sólo hubo un intercambio epistolar en sede administrativa sin plazos ciertos.