“La guitarra de Lolo” es uno de los hits del grupo Miranda!, que está haciendo furor entre los adolescentes y factura millones en el mercado discográfico. “La lapicera de Alberto” no tiene nada que ver con la música, aunque su dueño es un esmerado compositor de baladas románticas. Pero también mueve millones. Así se conoce desde los tiempos de Lavagna en el Ministerio de Economía a la lapicera de Alberto Fernández, el jefe de Gabinete que a sola firma reasigna partidas millonarias del presupuesto nacional, sin intervención del Congreso.

Según un informe de la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública), con la lapicera de Alberto se amplió el Presupuesto 2005 en 4610 millones de pesos. A eso hay que sumar otros 10.789 millones que fueron incorporados al Presupuesto mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), firmados por el presidente Kirchner. En total, gastos por 15.339 millones de pesos que fueron autorizados a sola firma, un 20 por ciento más de lo que figuraba originalmente en el presupuesto aprobado por el Congreso.

“Pese a su magnitud, el Congreso no tuvo participación en las modificaciones introducidas al presupuesto de la administración nacional a lo largo del 2005, todas decididas por el Poder Ejecutivo”, explica el estudio de la ASAP.

Desde fines de marzo hasta diciembre, Fernández suscribió 28 Decisiones Administrativas (DA) para implementar cambios en el Presupuesto, haciendo uso de los famosos “superpoderes”; las facultades legislativas delegadas en el jefe de Gabinete que fueron renovadas para este año. Al Presidente le bastaron con 4 DNU.

Algunas de esas medidas de ampliación presupuestaria, financiadas con el notable crecimiento de la recaudación tributaria, respondieron a decisiones adoptadas en el segundo semestre del año: los aumentos salariales dispuestos para el personal de distintos escalafones de la administración nacional, las subas en la jubilación mínima, y la elevación del tope para percibir asignaciones familiares. También hubo que pagar parte de la compensación a los bancos por la pesificación asimétrica, votada en su momento por el Congreso, casi 5 mil millones de pesos el año pasado.

Las anteriores fueron decisiones políticas, propias del Ejecutivo, para las que hubo que determinar cómo financiar sobre la marcha. Cuando el Presidente decide aumentar la jubilación mínima en el trascurso de un año fiscal, no es descabellado que defina también su financiamiento.

Sin embargo, hay otras reasignaciones en las que sortear al Congreso implica oscurecer lo que debería gozar de la máxima transparencia pública. Los fondos del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, fueron incrementados en 2500 millones de pesos, 34 por ciento más de lo presupuestado. Allí se incluyen, por ejemplo, aumentos destinados al programa de viviendas (614 millones), transferencias al Ente Binacional Yacyretá (100 millones), a Cammesa para la compra de fuel oil para las centrales térmicas (160 millones) y a la Empresa Nucleoeléctrica SA (100 millones). Además de 300 millones de pesos a los concesionarios de trenes –quintuplicando lo votado por los legisladores– sin que existan hasta ahora criterios conocidos de por qué se le da tanto a la empresa A o tanto otro a la empresa B.

La ASAP no es un partido político opositor. Es la asociación que reúne a los mayores expertos en finanzas públicas del país. Su objetivo es contribuir a la transparencia presupuestaria, es decir, cómo se gastan los impuestos que pagan los ciudadanos.