Tras una breve tregua, se reanudó el conflicto ante la falta de soluciones al reclamo gremial por salarios. Resurgieron las denuncias de vaciamiento contra la accionista Marsans. El paro obligó a suspender 9 vuelos internacionales y 29 domésticos.
› Por Fernando Krakowiak
Los técnicos y pilotos de Aerolíneas Argentinas iniciaron ayer al mediodía una huelga por veinticuatro horas ante el fracaso en las negociaciones que vienen teniendo con la empresa para lograr un aumento salarial y otras reivindicaciones laborales. Jorge Pérez Tamayo, presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), señaló a Página/12 que “la intransigencia del grupo Marsans ha impedido llegar a una solución pacífica” y agregó que “lo que están buscando es vaciar la empresa”. La huelga se levantará hoy a las 12, pero los gremialistas prometen profundizar las acciones de fuerza la semana próxima si no se llega a un acuerdo. Por su parte, el Ministerio de Trabajo intimó a los trabajadores a que cumplan con los servicios mínimos que obligan a mantener el 50 por ciento de los vuelos de cabotaje y un porcentaje similar de los internacionales.
Los pilotos reclaman un incremento remunerativo de 848 pesos al sueldo básico, que en la actualidad está cerca de 1800 pesos, lo que implicaría un aumento de 45 por ciento. Mientras que los técnicos piden que el básico suba de 790 a 1300 pesos. Además, ambos gremios exigen que Aerolíneas Argentinas recupere los porcentajes históricos de operatividad aerocomercial en los mercados de cabotaje, regional e internacional.
En cabotaje, por ejemplo, reclaman que vuele el 70 por ciento de las rutas y Austral el 30 restante, respetando lo que cada empresa tiene asignado. En la actualidad Austral vuela el 70 y Aerolíneas el 30, lo que es interpretado por los gremialistas como un intento de vaciamiento de la compañía. “Son dos empresas diferentes y el Estado no tiene participación en Austral”, señaló Tamayo. Para APLA este punto es central porque en Austral algunos pilotos son representados por APLA, pero otros por UALA (Unión de Aviadores de Líneas Aéreas). Mientras que en Aerolíneas todos responden a APLA. Por lo tanto, el incremento de rutas por parte de Austral le resta poder sindical.
En respuesta a los reclamos, la empresa ofreció un 20 por ciento de aumento no remunerativo y la división de la oferta de vuelos de cabotaje en partes iguales entre Aerolíneas y Austral, pero la propuesta fue rechazada. Desde entonces, la discusión se empantanó porque ninguna de las partes modificó su postura.
Las negociaciones habían comenzado a mediados de 2005 y llegaron a su punto máximo de conflicto a fines de noviembre cuando ambos gremios iniciaron una huelga que se extendió durante 9 días y terminó con un acuerdo por 3 meses firmado el 2 de diciembre. Entonces, levantaron momentáneamente la medida de fuerza a cambio de una mejora en los sueldos, la reincorporación de los despedidos durante el conflicto y el compromiso de abrir una mesa de diálogo. Pasada la tregua, las diferencias resurgieron.
Los sindicatos sostienen que el grupo Marsans se mantiene intransigente porque aprovecha la amenaza de conflictos y su posición dominante en el mercado (controla el 80 por ciento) para obtener concesiones y prebendas del Estado. Entre los reclamos empresarios, se encuentra el aumento de tarifas que se estaría por otorgar en abril y la aprobación de los balances, que le permitirían a la compañía cotizar en la Bolsa.
El Gobierno prometió otorgar un aumento de tarifas de 20 por ciento tanto en la banda mínima como en la máxima. La última modificación se hizo en octubre de 2002, cuando se elevó un 20 por ciento el precio máximo. De esa forma se ayudaría a descomprimir la situación. Sin embargo, en el caso del balance la situación es más compleja. Luego de varias idas y vueltas, el subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, quien se encuentra enfrentado con Aerolíneas Argentinas desde que era secretario general del gremio de los técnicos, informó el martes pasado que “la gestión y el balance de 2004 fueron rechazados por el Estado nacional e impugnados ante la Justicia al igual que se había hecho con los anteriores ejercicios de 2002 y 2003”. Este dato complica aún más una negociación que ya de por sí aparecía como de difícil resolución.
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