A instancias del Ministerio de Trabajo, Aerolíneas Argentinas y los técnicos y pilotos que instrumentaron la última medida de fuerza, concluida en el mediodía de ayer, podrían firmar el martes un acuerdo que dé fin al conflicto que se arrastra desde agosto de 2004. Una cuestión decisiva para apurar esta eventual solución fue el contacto entre los máximos niveles políticos del gobierno local y del español, al que el accionista Marsans reclama 240 millones de euros para cancelar obligaciones de vieja data. Pero quizá la clave para que la compañía atienda de algún modo los reclamos salariales es la inminente autorización oficial para incrementar un 20 por ciento sus tarifas.

La voluntad de ampliar la banda tarifaria utilizada por las compañías aéreas está regulada. Desde 2002 Aerolíneas tiene el precio de sus pasajes sobre el valor tope y por eso necesita de una norma expresa que permita trasponerlo. La decisión política para dar ese permiso ya estaría tomada, aunque aún no se resolvió el criterio: un posible 20 por ciento de una vez o en dos aumentos sucesivos del 10 por ciento cada uno, a aplicar en un plazo máximo de sesenta días.

Esta eventual mejora permitiría oxigenar las cuentas de la empresa que, según su vocero, “en seis meses podría tener superávit operativo, siempre y cuando terminen los conflictos salariales”. Las medidas de fuerza aplicadas en noviembre y diciembre habrían tenido un costo equivalente a 12 millones de dólares, según se lamenta la privatizada, que ahora tiene que enfrentar la fuerte competencia de LAN, empresa que disputa el mercado con tarifas bastante más bajas.

El tema fue analizado en la reunión que Néstor Kirchner tuvo ayer con el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, públicamente enemistado con la sociedad que lideran los españoles de Marsans. Ese cónclave fue convocado por el Presidente para discutir las alternativas de solución al conflicto sindical que se planteó con los pilotos (agremiados en APLA) y el personal técnico (nucleado en APTA) desde hace un año y nueve meses, cuando exigieron una recomposición salarial del 45 por ciento, lejana al 20 que ofrece la compañía.

El martes a las 10 de la mañana habrá una audiencia entre las partes en el Ministerio de Trabajo. Según un acta firmada el viernes por la noche, durante todo el fin de semana y el lunes se realizarán encuentros con el propósito de arrimar posiciones sobre el tema salarial y otras cuestiones convencionales, de modo tal que para el 14 se garantice la fumata. Esta vocación de trabajar por un acuerdo fue plasmada anoche en un acta firmada por los gremios, la empresa y la cartera de Carlos Tomada, después de extensas reuniones mantenidas en esa sede oficial, de la que también participaron funcionarios de Defensa. El área a cargo de Nilda Garré tiene competencia en las programaciones de vuelo que, a juicio del titular de APLA, Jorge Pérez Tamayo, Aerolíneas no estaría cumpliendo.

Fue una semana de movimiento febril para definir la suerte de la privatizada y su personal. Su presidente, Antonio Mata, viajó a Madrid el martes por la noche junto a otros directivos y técnicos de Price Waterhouse, que habrían encontrado en los balances pasivos presuntamente originados antes de octubre de 2001, cuando Marsans se hizo cargo de Aerolíneas. Hasta entonces, la empresa estuvo en manos de la SEPI, organismo del estado español, al que ahora se le piden 240 millones de euros para enfrentar esas “contingencias” económicas.

Marsans reclamó esos fondos ante un tribunal arbitral madrileño y en las últimas horas activó gestiones para lograr un fallo favorable. Tal como el embajador español en Buenos Aires, Carmelo Angulo, el jefe de asesores económicos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, tomó contacto con el gobierno local para analizar la compleja agenda de Aerolíneas. Ella también incluye la impugnación a los balances empresarios que hizo el Estado argentino, socio minoritario de la privatizada.