El Gobierno y los expendedores de GNC firmaron ayer el acuerdo que permitirá mantener congelado ese carburante hasta fin de año, introduciendo así una regulación en un precio final que hasta ahora era libre. Este eventual “sacrificio” de los estacioneros se refuerza con otro que lo hace en apariencia más gravoso: desde el primero de abril no sólo pagarán más caro el gas natural que usan como insumo sino que tendrán que afrontar una deuda que acumularon con las petroleras desde julio pasado, cuando ellos aplicaron un ajuste que sus proveedores no.

Para el millón y medio de consumidores, el pacto firmado ayer por Economía y Planificación con tres entidades del sector significa que hasta el 31 de diciembre el valor del GNC se mantendrá firme entre los 70 y 80 centavos por metro cúbico que cuesta hoy, a pesar de que los productores/vendedores deberán afrontar un mayor costo. Hasta julio pasado, cada ajuste en el gas natural que las petroleras aplicaban según el sendero de precios acordado con el gobierno era trasladado a los surtidores. Pero cuando quedaba pendiente un último escalón de aquellos aumentos, los estacioneros subieron preventivamente, anticipándose a un incremento que sus proveedores finalmente no aplicaron.

Ese fue el principal argumento oficial para comprometerlos ahora a sujetar el valor final del GNC hasta fin de año: que el aumento de alrededor del 18 por ciento que afrontarán desde ahora ya está compensado por ajustes aplicados hace meses. Sobre esa base, los expendedores de combustibles también tendrán que pagar un retroactivo a sus proveedores, en ocho cuotas y con dos meses de gracia.

Las petroleras minimizan ese esfuerzo de esta categoría de clientes con otro argumento contundente. El precio del gas natural es de 9 centavos por metro cúbico, equivalente al 12 por ciento del precio final, una proporción relativamente baja para justificar íntegramente los ajustes periódicos que mostraron los surtidores de GNC.

Para los productores ésta es la chance de resarcirse por la obligación impuesta por el gobierno a mediados del año pasado de mantener congelado el gas a los estacioneros (equivalentes a poco más del 10 por ciento de la demanda total del fluido), carga de la que fueron liberados ayer. Las petroleras cuestionan la voluntad política de subsidiar un combustible que tiene “sustitutos eficientes”. Lo que lamentan, en rigor, es la fuerte competencia que el GNC constituye para los combustibles líquidos como la nafta y el gasoil.

Para su provecho, los estacioneros consiguieron que el Gobierno modifique la metodología para operar en el Mercado Electrónico de Gas, al que ingresarán desde el primero de abril. En virtud de esos cambios ya no tendrán que ir directamente a comprarles a los proveedores o comercializadores sino que sus contratos seguirán administrados por las distribuidoras de gas. Así habrían conseguido un presunto amparo contra la discriminación que las firmas integradas (ej: Repsol, Petrobras) podrían realizar en detrimento de las estaciones blancas, vendiéndoles el insumo más caro que a las que integran sus propias redes.

Esta compleja maraña de relaciones quedará bajo el control de una comisión de seguimiento integrada por delegados del Gobierno y los empresarios, representados por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines, la Federación de Empresarios de Combustibles, y la Cámara de Expendedores de Gas Natural Comprimido. Un intento por evitar que el desregulado precio del GNC pueda dispararse, proporcionando un aliento adicional a la inflación.