La Oficina Anticorrupción resolvió anoche que el subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, debe “abstenerse de intervenir” en el conflicto que mantienen trabajadores aeronáuticos con la empresa Aerolíneas Argentinas. En una resolución firmada por su titular, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, se dictaminó que Cirielli no puede intervenir en ningún tema que toque intereses de esa empresa, por razones de incompatibilidad dispuestas en la Ley de Etica Pública. La OA recordó que Cirielli es aún secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico en uso de licencia.

En el medio de una infructuosa discusión por aumentos de salarios y otros cambios convencionales, los pilotos y técnicos aeronáuticos de Aerolíneas Argentinas salieron ayer al ruedo para advertir sobre el posible colapso de la compañía, en el presunto caso de que ésta no reciba en el corto plazo una fuerte inyección de capital que permita cubrir el déficit que arrojan sus balances y que sumarían 720 millones de dólares desde el 2001. Esta alarma, enmarcada en la puja que tienen los trabajadores de la empresa liderada por el grupo Marsans, tiene lugar mientras el Gobierno estudia darle forma a un decreto que beneficiaría a toda la actividad aerocomercial por una triple vía: aumento de tarifas, subsidio al combustible y eximición del IVA.

No hay garantizada ninguna medida de fuerza para el crítico período de Semana Santa, pero tampoco está descartado que los mil ochocientos técnicos nucleados en APTA y los cuatrocientos sesenta pilotos agremiados en APLA resuelvan un paro para esa fecha. El miércoles por la noche hubo un nuevo intento de acercamiento propiciado por el Ministerio de Trabajo, tan estéril como los anteriores.

Según el piloto Jorge Pérez Tamayo y el técnico Juan Pappalardo, el equipo de Tomada había transmitido una oferta de la empresa para recomponer un 25 por ciento los salarios que ésta finalmente precisó en términos menos generosos: un 15 por ciento ahora y un 9 el año próximo. El convite de Aerolíneas tampoco habría satisfecho otras aspiraciones gremiales, como la de evitar que se transfiera un paquete de rutas a Austral, íntegramente privada.

Ese sospechado drenaje de recursos de una empresa a favor de otra también fue sugerido en una reciente presentación ante la Justicia que hizo Asuntos Jurídicos de Planificación, ampliando la impugnación de los últimos balances de la empresa y del que Página/12 informó en su edición del lunes. Según la dependencia comandada por Julio De Vido, Marsans también habría desviado los cientos de millones de dólares que le aportó la estatal Sepi al transferirle Aerolíneas, en parte a comprar créditos concursales que ahora quedaron en sus manos.

De acuerdo con el estado de cuentas correspondiente al ejercicio 2005, Aerolíneas tuvo un rojo de 391,55 millones de pesos, a los que se sumarían otros 24 millones en los dos primeros meses del año. Desde el punto de vista operativo la cuestión no es sencilla. Según la propia compañía, de los treinta y tres destinos de cabotaje que cubre, dieciocho son deficitarios. Según los gremios, casi la mitad de la flota de Aerolíneas y Austral está paralizada y, en algunos casos, el parate es por la falta de elementos “que apenas valen 5 dólares”.

Un inminente paliativo para esta situación, tan compleja como la que atraviesan otras empresas del rubro, sería provisto por un prometido decreto que modificaría las bandas tarifarias, que equivaldría a un incremento en los pasajes del 20 por ciento, desdoblado a partir de Semana Santa. También se habilitaría a las empresas aerocomerciales para importar equipos eximidas del IVA y gozarían de un subsidio en el combustible, en particular para los destinos no rentables. Un paquete de beneficios que APTA y APLA cuantifican en 1300 millones de pesos anuales sólo para Aerolíneas.