El Indec anunció hace un par de semanas que el empleo en negro se redujo 3,4 puntos porcentuales durante 2005, evidenciando la primera caída desde la salida de la convertibilidad. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, afirmó entonces que “el quiebre en el crecimiento permanente del trabajo en negro está indicando que la estructura ocupacional de la Argentina está empezando a cambiar”. Sin embargo, en un informe reciente del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, donde se analizan las condiciones de empleo e ingresos de los asalariados durante los últimos 15 años, se afirma que “más allá de las oscilaciones puntuales de un año respecto de otro, la tendencia es a un crecimiento sostenido de la tasa de asalariados no registrados”. En 1990 los trabajadores en negro eran el 25,2 por ciento. Cinco años después llegaron al 30 por ciento. En el 2000 habían trepado al 37,4. Luego de la devaluación se ubicaron por encima del 45 por ciento y ahí permanecen, pese al espectacular crecimiento logrado por la economía durante los últimos tres años.

El informe destaca que en el trienio 2003-2005 se crearon 2,5 millones de puestos de trabajo asalariado, pero 1,75 millones correspondieron a empleos no registrados. Así mientras el total de asalariados aumentó un 30 por ciento, los no registrados crecieron 53,4 por ciento y los registrados apenas 15,2 por ciento. Eso se explica por la profunda brecha salarial existente entre ambos tipos de asalariados, ya que los registrados cobran un promedio de 1072 pesos y los precarizados apenas llegan a 391 pesos.

En la actualidad cinco millones de personas trabajan “en negro”, sin seguro contra riesgo de trabajo, ni cobertura médica. Pueden ser echados sin causa y no les corresponde el seguro de desempleo. Además, como no aportan a la seguridad social, no podrán jubilarse ya que la ley exige 30 años de aportes. Si bien la informalidad se extiende a todos los sectores de actividad, en apenas cuatro se reúne el 60 por ciento de los asalariados no registrados: servicio doméstico (concentra el 21,5), el comercio (16,2), la industria manufacturera (12,5) y la construcción (10,4 por ciento).

Del total de informales, el 86,9 por ciento (4,3 millones) se concentra en el sector privado, el 1,4 por ciento en otro tipo de establecimientos como cooperativas u organizaciones no gubernamentales y el 11,7 por ciento trabaja, paradójicamente, en el sector público. Es decir, 590 mil trabajadores informales son empleados del Estado, institución encargada de combatir la precarización laboral. De ese subtotal, 334 mil personas son beneficiarios del Plan Jefes y Jefas, pues el 54,5 por ciento de los que reciben el Plan realizan algún tipo de contraprestación en el sector público.

El Estado nacional también emplea personal bajo contratos de trabajo que niegan la estabilidad en el sector público. El 7,7 por ciento de los agentes (21.594 personas) se encuentra bajo esa modalidad. El informe de IDEF-CTA destaca que el ministerio que encabeza el ranking de personal contratado es el de Economía y Producción (17 por ciento de los contratos del Poder Ejecutivo) y en la segunda ubicación se encuentra el Ministerio de Trabajo donde se desempeña el 15,6 por ciento de los contratados.