Con retroactividad al 1º de enero, todos los usuarios residenciales de Gas Natural BAN deberían sufrir un aumento en sus facturas que oscilará entre el 7 y el 9 por ciento, cerca de 2 pesos mensuales. El ajuste es resultado del acuerdo de renegociación contractual que realizó el Gobierno con la empresa, subsidiaria de Repsol YPF, aprobado por el Congreso y refrendado por un reciente decreto. Sin embargo, Planificación asegura que los residenciales estarán eximidos de esos retoques, ya que el ente regulador no los aprobaría para este segmento.

A través de la publicación en el Boletín Oficial de ayer, el Gobierno ratificó el acta acuerdo suscripto con esa distribuidora gasífera, que oficia de modelo para renegociar provisoriamente los contratos con el resto de compañías del rubro. Según el esquema elegido, la empresa podrá ajustar su margen de distribución un 25 por ciento, retoque que no puede remontar más de un 15 por ciento en el precio final.

Pero para la compañía ese tope no será traspuesto, ya que ni los clientes residenciales ni los industriales sufrirían un incremento superior al 9 por ciento, reajuste que se aplicará apenas el Ente Nacional Regulador del Gas publique los nuevos cuadros tarifarios. Es esta instancia formal la que el Gobierno aprovecharía para desandar sus pasos, impidiendo la aprobación de nuevas tarifas para el segmento de clientes domiciliarios.

Habrá usuarios que sin duda estarán exceptuados de cualquier incremento, en función de lo firmado. Los amparados por la tarifa social surgirán de un listado de “indigentes”, que el Ministerio de Desarrollo Social definirá en base a ciertos criterios como los ingresos, la situación ocupacional o las características de la vivienda. Pero esta variable se cruzará con otra igualmente decisiva como es el consumo: por encima de cierto tope, ningún usuario podría estar incluido en esa nómina. De esa manera, es el Gobierno y no la distribuidora el que tiene la responsabilidad de definir a los beneficiados.