La recuperación económica de los últimos tres años llevó el nivel de actividad un 5,8 por ciento por encima de 1998, año previo al comienzo de la crisis. Sin embargo, un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA destaca que la brecha entre el valor de la canasta de una familia tipo que calcula el Indec y el ingreso promedio de sus miembros no sólo no se recompuso sino que empeoró. En 1998 la canasta costaba 1292 pesos. Si los dos adultos de la familia trabajaban podían llegar a 1146 pesos, incluido el salario familiar, quedando un 11,3 por ciento por debajo de lo necesario. A fines de 2005 la canasta subió a 2207 pesos y los dos adultos promediaban un ingreso conjunto de 1564 con salario familiar incluido, ampliándose esa brecha al 30 por ciento.

El dato expresa un promedio que contempla la situación de los asalariados formales, los no registrados y los trabajadores por cuenta propia, pero la situación varía de manera notable según los casos. El salario promedio de los registrados es de 1132 pesos con salario familiar. Por lo tanto, si los dos miembros mayores de la familia trabajan en blanco superan el valor de la canasta. Esa es la única combinación, dentro de 25 posibles, que lo permite, pues si uno o dos de los miembros es cuentapropista, empleado en negro, beneficiario de un plan social o desocupado la canasta se convierte en un objetivo imposible de alcanzar. El informe de la CTA, elaborado por Claudio Lozano, Tomás Raffo y Ana Rameri, destaca que alcanzar la canasta es una de las posibilidades “más remotas en el contexto actual donde el 60 por ciento de la fuerza de trabajo está en condiciones de precariedad laboral”.

En el caso de los cuentapropistas, el ingreso promedio es de 632 pesos. Por lo tanto, si ambos miembros de la pareja adulta trabajan en esa condición están 42,7 por ciento por debajo del valor de la canasta. Peor aún es la situación de los empleados en negro donde el ingreso promedio apenas llega a 391 pesos. Eso indica que si ambos trabajan sin estar registrados cobran en conjunto un 64,6 por ciento menos de lo necesario para alcanzar la canasta de una familia tipo. Esto se debe a que la masa de ingresos del conjunto de los trabajadores ocupados cayó del 25,4 al 22,3 por ciento del producto entre 2001 y 2005. La debacle profunda se produjo en el 2002 cuando la participación cayó al 18,3 por ciento. Desde entonces se ha ido recuperando, pero muy lentamente.

Para los investigadores de la CTA, la profundización de la desigualdad distributiva se debe a que la expansión de la productividad no se traslada a los salarios. Por ejemplo, entre 2001 y la primera mitad de 2005 en el sector manufacturero la producción creció 24,5 por ciento y los puestos de trabajo un 10,7 por ciento, por lo que la productividad por puesto de trabajo aumentó un 12,4 por ciento. En ese mismo período el salario real creció apenas un 0,4 por ciento. Por lo tanto, las empresas se apropiaron de casi toda la productividad en un contexto donde los costos laborales cayeron 35,9 por ciento con relación a 2001.

La caída de la participación de los ingresos en el PBI y la apropiación de la productividad por parte de las empresas son los mecanismos que sostienen la expansión de las utilidades, principalmente de las grandes firmas. En las 1000 empresas más grandes del país la productividad por asalariado alcanza un valor de 120 mil pesos. La remuneración promedio es de 2379, pero la productividad permitiría pagar una remuneración de casi 9280 pesos. Eso demuestra que si bien esos trabajadores son los mejores pagos también son los que presentan las mayores tasas de explotación laboral. El informe concluye entonces que “se podrían incrementar los salarios sin ningún riesgo en materia inflacionaria”. Si trasladan a precios dichos incrementos salariales “es porque quieren mantener las rentabilidades que vienen obteniendo”.

Además se destaca que antes de 1976 el salario básico de convenio equivalía al 80 por ciento de la canasta familiar y el salario mínimo al 60 por ciento. Si se aplicara ese criterio en la actualidad el salario básico de convenio correspondiente a las distintas actividades debería rondar los 1766 pesos y el salario mínimo los 1060 pesos. Para los autores, las grandes empresas estarían en condiciones de pagar esos montos y más. Por lo tanto, sostienen que combinar un techo de aumento que sólo se ubique entre 16 y 19 por ciento es una estrategia que mantiene congelada o incluso puede agravar la ya injusta distribución del ingreso vigente.