El procesamiento en primera instancia del secretario de Agricultura, Miguel Campos, bajo los cargos de administración infiel e incumplimiento de deberes, acompañado por el fuerte embargo personal de 10 millones de pesos, expresa en la superficie una pelea mucho mayor: las secuelas del reparto de la superrentable Cuota Hilton, el cupo tarifario otorgado al Estado argentino para exportar 28 mil toneladas de carne de alta calidad a Europa y que reparte un beneficio fiscal de 70 millones de dólares.

El entorno más íntimo del secretario de Agricultura está convencido de que su jefe es víctima de “una vendetta”. Para sus hombres, Campos es poco menos que un Quijote que se enfrenta a enemigos tan desmesurados como los grandes consorcios exportadores, las multinacionales de las semillas y la “patria judicial”, contrincantes cuyo poder real tiene poco de imaginario. El demandante que consiguió el fallo de primera instancia es Argentine Beef Consortium, ABC, el grupo de exportadores cárnicos que concentra cerca del 85 por ciento del mercado externo y que es integrado, entre otros, por los frigoríficos Swift Armour, Quickfood, Finexcor y Arre Beef, tradicionales receptores de la Hilton que vieron disminuir a la mitad su participación a instancias de la actual gestión.

Algunas voces agregan a la disputa componentes propios de un sainete interclasista. Según esta visión, los sectores tradicionales de la vieja “oligarquía” no verían en Campos a un político advenedizo, sino a uno de los suyos, comunión que tornaría insoportable el apoyo del secretario a la política de retenciones en general y de apaciguamiento de los precios cárnicos en particular. En esta línea, el pecado del funcionario sería el de “alta traición de clase”. En un almuerzo informal, plagado de citas de Campos de El arte de amar, de Erich Fromm, como guía para las relaciones interpersonales, fue el propio secretario quien hizo gala de su pertenencia. Mostrando a este diario el reverso del billete de 100 pesos, donde se ve la imagen ecuestre del general Julio Argentino Roca acompañado de sus secuaces expedicionarios al desierto, el secretario afirmó: “¿Ves?, acá hay tres Campos, cómo no voy a ser patriota”.

Pero al margen de las notas de color que pintan a los contendientes, el fallo de esta semana del juez Rodolfo Canicoba Corral refiere a un supuesto hecho de corrupción y favoritismo en el reparto de un negocio millonario. La Cuota Hilton es un cupo tarifario para la exportación a la Unión Europea de 28.000 toneladas de carne de alta calidad. Fue asignada a la Argentina en 1987 a modo de compensación por las barreras introducidas por la UE que perjudicaron a cereales y oleaginosas. Primero fueron 5000 toneladas que crecieron hasta alcanzar las 28.000 actuales en 1992. Que el nombre de los embarques haya quedado asociado al de la conocida cadena hotelera se debe a que el primero abasteció a dicha firma.

La cuota es muy codiciada porque permite vender a la UE pagando un derecho de 60 centavos de euro por kilo contra 3,05 que deben pagarse si se exporta por fuera del cupo. Haciendo cifras gruesas, esto significa conseguir un ahorro de alrededor de 2500 dólares por tonelada exportada. Cuando lo que está en juego es el reparto de un beneficio fiscal de 70 millones de dólares existe, sin dudas, la posibilidad de discrecionalidad. En la década del ’90, por ejemplo, sólo 5 empresas llegaron a repartirse más del 50 por ciento del total, mientras que las primeras 10 conseguían el 75 por ciento. La mayoría se encuentran hoy agrupadas en la denunciante ABC.

El instrumento para ejercer la posible discrecionalidad debe buscarse en los parámetros establecidos para el reparto. Revisando un poco la historia se encuentra cierta correlación entre dichos pautas y los beneficios conseguidos por algunas firmas productoras de hamburguesas, primero, y por tradicionales exportadoras de carnes cocidas, después.

Fue esta misma discrecionalidad estatal la que originó las primeras medidas cautelares interpuestas por muchas empresas pequeñas y medianas que quedaban afuera del reparto. El problema de la “judicialización de la cuota”, esto es: la intervención de un juez comercial obligando al Estado a asignar o mantener la cuota a una determinada firma, fue in crescendo hasta llegar al extremo en el período 2003/2004, cuando cerca del 50 por ciento del cupo se distribuyó de esta manera. Esta fue la situación que debió enfrentar la actual administración.

La intervención de Campos se materializó a través de la Resolución 113 de 2004. En ella se estableció el nuevo régimen de distribución. Los cambios consistieron esencialmente en 4 medidas: aumento gradual de la porción asignada a los productores primarios para llevarla del 6 al 10 por ciento, regionalización de un 7 por ciento de la cuota, repartir 5000 toneladas entre las plantas nuevas y eliminación de las ventas de carne cocida en el cálculo del historial de exportación (past performance) utilizado para repartir el resto de la cuota.

Algunos resultados inmediatos de estas medidas fueron sacar 9000 toneladas del reparto por historial de exportación, medida que beneficiaba a las empresas de ABC, y aumentar el número de firmas exportadoras de 48 a 66, lo que significó una clara desconcentración.

El problema para Agricultura fue que la aplicación del nuevo esquema no se dio en el vacío. Las mandas judiciales a favor del mantenimiento de la cuota eran un hecho para muchos frigoríficos. Según se defienden en Agricultura, la orden de acción de la Procuración del Tesoro era obedecer siempre los mandatos judiciales y luego apelar. En consecuencia, el camino seguido fue negociar con los frigoríficos que tenían las resoluciones favorables, a los que finalmente se les terminó otorgando cuota, aunque en menor cantidad. Sin embargo, ello no evitó que la situación impositiva y provisional de algunos de ellos siguiera siendo irregular. Este es uno de los puntos denunciado por ABC. Planteado en estos términos, el dilema no tiene solución. Tanto aceptar como rechazar los mandatos judiciales suponía aceptar una situación irregular.

Pero hay más. En el último reparto de la Hilton, en el que sólo el 3 por ciento se otorgó por vía judicial, se descubrió el caso de un frigorífico, Perrín SRL, con quien Campos firmó un acuerdo para asignarle 107 toneladas a pesar de que el amparo judicial estaba caído dos semanas antes. Según Agricultura, la notificación del nuevo fallo llegó al despacho de Campos con posterioridad. La visión del equipo jurídico de ABC es otra: “La irregularidad alimenta dos hipótesis; la sospecha de corrupción o la incompetencia absoluta del secretario, quien debería investigar el estado de la causa antes de firmar el acuerdo”.

Aunque la defensa de Campos está convencida de que el fallo de primera instancia podrá ser revertido, todo hace prever que la vía judicial será larga. Los hechos muestran que si bien el secretario consiguió desjudicializar el reparto de la Hilton, la contrapartida fue la judicialización de su propia existencia y, quizá, con el doloroso descubrimiento de que en las relaciones económicas no hay lugar para Fromm.