El Congreso avanza con la derogación de la flexibilización laboral en las pymes. La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dará hoy dictamen a un proyecto de ley que elimina las reformas introducidas por Domingo Cavallo y Armando Caro Figueroa en la década del ‘90. La iniciativa es impulsada por el presidente de esa comisión, Héctor Recalde, y cuenta con el respaldo de la Casa Rosada. Apyme y CAME fijaron posición ante los legisladores la semana pasada. Aceptaron corregir aquella normativa, pero reclamaron a cambio otros incentivos fiscales y financieros por parte del Estado.

En 1995, el menemismo hizo punta con las pymes en las leyes de precarización laboral. El Fondo Monetario lo había puesto como condición para la firma de un acuerdo y Cavallo batalló en el Congreso hasta que consiguió el respaldo del peronismo. La ley 24.467 se conoció como Ley Pyme, y en ella se incluyó un capítulo específico de cambios en materia laboral. Se habilitó el fraccionamiento del aguinaldo en tres pagos, el otorgamiento de las vacaciones divididas y en cualquier momento del año, la reducción del preaviso y la caída de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Esto último significó que los trabajadores de las pymes quedaran sin la protección que garantizaban esos convenios.

Más allá de las pymes, la ley también fue utilizada por las grandes empresas. Según Recalde (Frente para la Victoria) y Claudio Lozano (CTA), las grandes sacaron incluso más provecho que las chicas. Lo hicieron por dos vías: utilizaron el recurso de tercerizar actividades, creando firmas con hasta 40 trabajadores (el límite fijado por la ley), y avanzaron con cambios en los convenios colectivos que barrieron con la protección anterior. Es el caso de la industria plástica, donde la cámara patronal además logró que el sindicato aceptara que las condiciones de flexibilización laboral rijan en las empresas de hasta 300 trabajadores.

La derogación de la ley forma parte de la estrategia gradual de corrección de las normas laborales de los noventa. Anteayer se promulgó la ley que impide que las empresas cambien unilateralmente las condiciones de trabajo de su personal. La Comisión de Legislación Laboral de Diputados tenía previsto emitir dictamen la semana pasada, pero decidió esperar ante el pedido del diputado Guillermo Alchouron (Acción por la República) de convocar primero a las cámaras pymes para que dieran su opinión. Eso ocurrió el último miércoles. Apyme y CAME señalaron que las pymes necesitan otros apoyos del sector público, y que aceptan igualar a sus empleados con los derechos que tienen los de las grandes compañías.

Sobre este punto, Lozano le dijo a Página/12 que el Estado debe promover la actividad de las pymes con incentivos fiscales, financieros y en materia tecnológica para evitar que tengan que reducir costos por la vía laboral. Apyme y CAME reclamaron justamente tener un tratamiento diferencial. Francisco Dos Reis, presidente de la primera de esas entidades, le dijo a este diario que “las pymes cargamos con la mochila fiscal y sufrimos una caída de rentabilidad por la suba de costos”. El dirigente pidió que el Estado soluciones esos problemas, pero indicó que “estamos de acuerdo con terminar con la flexibilización de Cavallo”.