Ayer era el día D. El Gobierno había anunciado el fin de semana que el miércoles los precios de la carne debían estar por debajo de los valores de referencia y si eso no ocurría comenzarían las sanciones, que podían ir desde multas e inhabilitaciones hasta prisión. La Secretaría de Comercio Interior envió inspectores a los frigoríficos. Pero no hubo ningún anuncio oficial que confirmara si la carne está llegando a los consumidores al precio que establece la resolución.

Del lado empresario aseguran que están cumpliendo y que la reapertura gradual de las exportaciones es inminente. Sin embargo, Página/12 pudo confirmar a través de diversas fuentes que anteayer Guillermo Moreno le propuso a Néstor Kirchner flexibilizar la prohibición y obtuvo un no tajante como respuesta. Horas más tarde, desde Economía se volvió a insistir ante el Presidente con la necesidad de descomprimir la situación, autorizando la exportación de los contenedores de carne que permanecen confiscados en el puerto. Hasta ayer a la noche no habían tenido respuesta.

En el puerto permanecen frenados desde Semana Santa cerca de 200 contenedores, que tienen entre 10 y 20 toneladas de carne cada uno. Incluso los cortes Hilton quedaron a la espera de la decisión presidencial. El lobby que están ejerciendo los exportadores es fortísimo. Aseguran que la Unión Europea aplicará sanciones si no se autoriza la exportación de esos cortes. Además, presionan al Gobierno para que se haga cargo de los salarios de aquellos trabajadores que han sido suspendidos en los frigoríficos debido a la falta de actividad, pues, según dicen, los convenios del sector incluyen una garantía horaria de 140 horas de trabajo por mes que se debe pagar aunque no haya actividad. “El 5 de mayo hay que pagar la quincena y esperamos que el Gobierno nos subsidie si las exportaciones no se abren”, declararon a Página/12 voceros empresarios.

El Gobierno había condicionado la apertura de las exportaciones a la baja de precios en el mercado interno. Durante los últimos días, los precios de las distintas categorías que se comercializan en Liniers cotizaron por debajo de los valores de referencia, pero aún restaba que la baja llegue al consumidor. El domingo se informó que ayer se concretaría y que si eso no ocurría habría sanciones. La Secretaría de Comercio Interior sacó a la calle a 24 inspectores, divididos en 12 grupos. Pero los sabuesos no fueron a relevar precios a carnicerías y supermercados. Su tarea se limitó a presentarse a la mañana en los principales frigoríficos que abastecen al consumo interno, en los que revisaron algunas facturas y labraron actas de verificación. Con relación a los precios, fuentes de la secretaría se limitaron a decir que “la carne está bajando”, pero no presentaron ningún informe que lo certifique.

Los empresarios aseguran que el Gobierno va a “aflojar” en las próximas horas porque la situación “es insostenible”. Para ellos, Moreno se metió en un callejón sin salida al anunciar que aplicará las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento si los precios no bajan, pues esa norma es de “dudosa legitimidad” luego de los sucesivos decretos que le fueron introduciendo modificaciones.